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En corto tiempo, con desatinadas decisiones, encabezadas por la ilegal resolución sobre el voto de arrastre, la JCE, como la gran mayoría de sus predecesoras, ha demostrado que no tiene voluntad política para crear un clima de participación electoral equitativo y que, por el contrario, sus actuaciones propician una competencia que resulta ventajosa para el partido oficial quien, no por casualidad, es el responsable de la selección de sus integrantes.

Solo tontos pueden creerse el cuento de que la legalidad y la legitimidad de procesos electorales y los resultados derivados son consecuencia de acontecimientos ocurridos el día de la emisión y escrutinio de votos. La evaluación de comicios debe realizarse desde bastante tiempo previo al día definitivo y eso se hace a través de las condiciones creadas o no creadas para dotar al proceso de determinadas características.

¿Quién puede negar que en este país esas condiciones han girado en la dirección de las conveniencias de quienes detentan el poder?.

Es cierto que se ha debido a múltiples factores, pero la utilización pervertida de recursos públicos y carecer de árbitros dotados de cualidades imprescindibles, han sido las variables que más han incidido para crear obstáculos casi insalvables para competir con posibilidades de victoria contra quienes ostentan dichas ventajas.

Es evidente que, con la JCE, esas circunstancias se están reiterando porque sus decisiones se traducen en beneficios para la organización gobernante. Con escenarios tan inequitativos, resulta cínico proclamar al final de cada certamen que se trató de un triunfo de la democracia y que los mismos constituyeron manifestaciones incuestionables de la libertad de quienes sufragaron.

¿De cuál libertad, de cuál democracia estamos hablando, cuando específicos competidores participan con cartas marcadas representadas por manejar enormes fortunas que no les pertenecen y con ayuda deshonesta de los llamados a ser árbitros imparciales de tales procesos?.

La más reciente simulación de la JCE ha sido reiterar prohibiciones de i legales manifestaciones proselitistas, cuando a la vista de todos el PLD se ha burlado de eso y es obvio que las autoridades no disponen de aptitud ni deseo para que eso cambie. ¿Cómo revertir el beneficio generado por los mítines realizados hasta ahora?.

Quien no comprende la naturaleza política de las actuaciones de la JCE, originadas en los parámetros que determinan su constitución y que la hacen dependiente de los responsables de la misma, jamás podrá entender que mientras eso subsista, aquí la democracia es pura ficción.