Esta pregunta, hurtada vilmente de un documento de la CEPAL sobre los Estilos de Desarrollo y Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, introduce las líneas sobre el discutido problema de ideologización del modelo de desarrollo económico implementado en la mayoría de países latinoamericanos.

Sostienen que la base ideológica se configura fundamentalmente en dos fases: primero nace bajo la premisa que el desarrollo es bueno, y por tanto, deseable, y deseado.

Luego, al transmutar desde la abstracción en acciones concretas, prima en ese recorrido, la influencia del modelo y de las variables de los países desarrollados.

Del resultado de este proceso, se estructura este desarrollo, clonado o impuesto según el patrón de consumo internacional, con especialización productiva, y demandante ascendente de recursos, sobre todo, energéticos.

Este desarrollo, sustentado en la antropológica añoranza de convergencia con los países desarrollados, rehúye y destierra la perspectiva medioambiental de sus categorías conceptuales, relegándola al difuso status de una oscura externalidad.

Paralelamente, desconoce con terquedad infantil la condición de escasez del medio natural, lo que atenta incluso su consideración en el contexto económico.

Y es que, América Latina y El Caribe históricamente han sido excesivamente dependientes de sus recursos naturales, fundamentando las expectativas de crecimiento en la explotación intensiva de estos, bajo un desconocimiento absoluto del perjuicio intergeneracional e intrageneracional de esta modalidad, ignorando además, el efecto flagelante de su bienestar relativo, que coyunturalmente obtiene del crecimiento económico, y que mitigan los costes medioambientales.

Esta introducción viene a colación del reciente boom económico Latinoamericano, sobre todo de Suramérica, donde en el último decenio ha visto mejorado la mayoría de los indicadores de desarrollo económico, sustentado básicamente en la explotación de sus recursos naturales.

La fragilidad e incertidumbre de las economías de la región no ha mermado, si se ha pluralizado el riesgo al diseminar la participación de sus exportaciones en varios mercados, principalmente a la inflada garganta de la coyuntural demanda china.

Más, la insostenibilidad del modelo económico implementado discrepa incluso con el rol asignado a las economías de la región por la dinámica económica mundial, esencialmente de suplidor de materias primas, ya que la intensidad en la explotación de recursos naturales que impera, es incongruente con la capacidad regenerativa del ecosistema, lo que cercena la posibilidad de mantener su rol a largo plazo.

En nuestra isla hay claros ejemplos de cómo esta ignominia sobre los costes ambientales ha permeado la salubridad del ecosistema y el bienestar común.

Debería ser emergencia nacional la contaminación a que ha sido expuesta la población de los Bajos de Haina, cuyo nivel de contaminación solo es comparable con regiones donde hay secuelas radioactivas o desperdicios industriales que sobrepasan la calificación de nocivos.

O la atropellada actividad contaminante de la Barrick Gold en Pueblo Viejo, con claras evidencias de deterioro irreparable al ecosistema, y en la salubridad de las poblaciones circundantes.

Y no faltan casos en el resto de Latinoamérica, el fallido intento de preservación del parque nacional de Yasuní en Ecuador, el plan descabellado de abrir el canal de Nicaragua, la deforestación paulatina en la Amazonia, los ingentes desperdicios mineros en San Jerónimo de la Oroya, Perú, son claras muestras de la consideración del tema a nivel regional, de más está decir internacionalmente.

No es el objetivo de este artículo generar una visión taina de abrazar la pobreza, la belleza del amazonas saciará nuestra hambre.

Es reconocer la necesidad ideológica e ingente de internalizar los costes ambientales, no como una externalidad, sino como un criterio inherente para la toma de decisiones, sobre todo políticas, porque la perspectiva ambiental es un problema político.

De que nos serviría asfaltar las calles de una región, si la esperanza de vida disminuye en cinco años, o poder mandar los niños a la escuela si el porcentaje de metales en el aire es cuarenta veces superior al soportado, o elevar el ingreso mínimo en un 30%, coyunturalmente, a cambio de Loma Miranda.