Acento.com cita una auditoría de la Cámara de Cuentas que detectó anomalías y dispendios por más de 800 millones de pesos en la Dirección de Migración durante las gestiones del actual ministro de Educación, Carlos Amarante Baret, y del general José Aníbal Sanz Jiminián. De la experticia, que cubre el período enero-diciembre de 2008, particularmente un año electoral, fue apoderada la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Antes que minimizarla por supuestas deficiencias técnicas o falta de indicios concretos, como ha ocurrido en otros casos, la Procuraduría General de la República debería investigar las supuestas irregularidades, con garantía, por supuesto, de tomar las decisiones correspondientes.
Y si la Cámara de Cuentas no merece credibilidad, entonces que se proceda contra sus jueces. Pero algo se tiene que hacer para proteger los recursos públicos. La dilapidación de 800 millones de pesos en un año es un escándalo que en modo alguno puede quedar impune.
El Nacional
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