Aunque hay más consideraciones que datos específicos, se trata de un golpe y un aviso a las prácticas ilícitas en el sector público el desmantelamiento de la supuesta estructura organizada de proveedores que manipulaba licitaciones por medios fraudulentos.

Los detalles del modus operandi de la organización, las instituciones afectadas y los involucrados están contenidos en el informe técnico remitido a la Procuraduría General de la República por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas y la Contraloría General de la República.

Según los informantes, la supuesta red intimidaba, extorsionaba y operaría en contubernio con funcionarios públicos “afectando la libre competencia y la igualdad de participación entre los oferentes en los procedimientos de compras del Estado”.

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A pesar de que los denunciantes aducen que el uso avanzado de herramientas analíticas, la trazabilidad de los datos y la coordinación institucional permitieron detectar el entramado pueden plantearse algunas hipótesis sobre la vigencia de las supuestas prácticas ilícitas. Sin embargo, lo importante es que el escándalo se aclare.