El supuesto fraude en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera (Coop-Herrera) da a entender que las operaciones de la entidad carecían de algún tipo de supervisión.
Ante los cargos instrumentados por el Ministerio Público contra los detenidos no se tiene claro la función del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) como regulador y supervisor de las entidades mutalistas.
El Ministerio Público dice en el expediente que en Coop-Herrera se creó una estructura delincuencial que, entre otras cosas, simuló inversiones y sus ejecutivos adquirieron villas, vehículos de lujo, yates y múltiples propiedades. Extraña que esas operaciones no sonaran la alarma en el Idecoop.
El Ministerio Público acusa a los imputados de sustraer más de 2,500 millones de pesos de los socios de la cooperativa. Del supuesto fraude se acusa a Jorge Eligio Méndez, exadministrador general, así como a Gabriel Santana Borsilea, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea Juan, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya. En el supuesto de que no fallaran los controles, el caso plantea la necesidad de fortalecerlos para proteger a los socios.