Inabie
Santo Domingo.-Varios casos de presuntos hechos de corrupción que involucran decenas de millones de pesos aparecieron esta semana en dependencias del Estado, al mismo tiempo, el presidente Luis Abinader está destituyendo los funcionarios implicados en tales acciones y la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) de inmediato comenzó a investigar.
En los últimos diez días, el primer funcionario que perdió su trabajo fue el director del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Adán Peguero, luego de resultar implicado en un supuesto escándalo de corrupción en esa institución, al firmar una supuesta afiliación ilegal del Inposdom con la empresa Mía Cargo Group, violando, según la denuncia, los procedimientos administrativos, entre ellos la ley de Contrataciones Públicas (Ley 340-06).
De inmediato el presidente Abinader lo suspendió a través del decreto 722-21. El mandatario designó de manera interina a Katiusca del Carmen Báez de Hilario.
Hasta ahora, Peguero ha sido interrogado por lo meno en dos ocasiones en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), por el procurador adjunto Wilson Camacho, pero no se han presentado medidas de coerción.
Ministerio de la Juventud
De nuevo, los casos de denuncias de corrupción volvieron al Ministerio de la Juventud, proceso que involucra a la titular, Luz del Alba Jiménez, en un proceso de compras de equipos tecnológicos.
También está siendo cuestionado el encargado de Compras del Ministerio, José Ramón Liria, junto a la ministra Jiménez.
El denunciante José Manuel Vidal Tejeda, quien se desempeñaba como director jurídico de esa institución, al ser separado del cargo denunció una presunta trama fraudulenta en el Ministerio de la Juventud.
De inmediato, el procurador adjunto y director del Pepca, Camacho se activó y abrió un proceso de investigación.
Confirmando las advertencias que había hecho la Dirección de Contrataciones Públicas, quienes habían realizado varias advertencias de anomalías en el Ministerio de Educación el presidente Abinader destituyó este miércoles a Cecilio Antonio Rodríguez Montás, como director ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), luego de varios escándalos de corrupción en la contratación del almuerzo escolar.
El Poder Ejecutivo designó en su lugar a Víctor Ramón Castro Izquierdo, mediante decreto 733-21.
Asimismo, el Ministerio de Educación canceló el martes a otros del Inabie, según confirmó este miércoles la Dirección de Comunicaciones de esa institución.
José Alejandro Ceballos Paulino, director del gabinete, y Andrés Montero Ferreras, consultor jurídico.
También, los encargados departamentales Deiby Villalona de los Santos, de Gestión de Seguimiento a la Alimentación; Marino Laureano, del Departamento Administrativo y Jesús Alcántara Alcántara, de la División de Tecnología de la Información y Comunicación.
Las destituciones se producen luego que una comisión designada para investigar la adjudicación de las raciones del desayuno y el almuerzo escolar detectara “serías irregularidades” en ese proceso.
Tumbe de droga
En la Policía Nacional también hay problema con la denuncia de un presunto robo y tumbe de 400 kilos de cocaína en Barahona entre miembros de la misma institución.
Al extremo que ayer miércoles el encargado del Departamento de Asuntos Internos en Barahona, cuya hija está vinculada al secuestro del cabo Esteban Feliz Medina, fue suspendido de sus funciones y permanece bajo investigación.
Se trata del primer teniente José Antonio Suero Carrasco, de quien hasta el momento no se ha determinado si guarda vinculación con el rapto del cabo Esteban Féliz Medina, informó el vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira.
El oficial suspendido es padre de la agente Cherilyn Stephan Suero Medina, quien a su vez es esposa de Jonathan Andrés Pérez, uno de los agentes que participó en el secuestro del cabo.
La agente Suero Medina y su esposo fueron las dos personas que el cabo Féliz Batista describió como los que lo interceptaron en un vehículo Tahoe negro para secuestrarlo y pedirle cinco millones de pesos como parte del botín por el robo de la droga.
