Son muchos los escándalos que todavía están en el aire, que trillan los senderos de la impunidad por el desinterés de la Procuraduría General de la República para aclararlos y establecer responsabilidades. En estos tiempos de intercomunicación y desarrollo tecnológico es inaceptable la escasez de recursos o la mera incompetencia como pretextos para determinar hasta cómo el capo colombiano Julián Alberto Jiménez Monsalve (Machete), capturado aquí en enero de este año, pudo agenciarse un pasaporte dominicano y una licencia de conducir.

Y más todavía después que la Junta Central Electoral (JCE) aclaró en cuestión de días que la cédula de identidad que poseía el capo la había adquirido de manera irregular, con la presunta complicidad de empleados de una oficialía civil.

Si en lugar de intereses la Procuraduría representara a la sociedad, casos como el de Machete no estarían en el limbo. Pero todavía más: En la red de narcotráfico y lavado que según Estados Unidos operaba desde hacía unos 20 años César Emilio Peralta (César el Abusador) se dijo que este sobornaba a funcionarios civiles y militares a cambio de protección para sus negocios.

A la fecha no solo es un misterio el paradero del presunto capo, sino que las evidencias indican que las autoridades ni siquiera se han molestado en tratar de establecer la verdad. Si la información no se ha investigado se da por seguro que tampoco las versiones de que desde algún sector de poder se avisó al hoy prófugo del operativo en su contra para que se pusiera a un buen resguardo.

En caso de que todavía se quiera buscar algún pretexto para negar los señalamientos, entonces vale citar el más ominoso de los silencios, que no es otro que el que se ha guardado sobre los seudónimos utilizados por el consorcio Odebrecht para pagar sobornos por 39.5 millones de dólares para las plantas a carbón de Punta Catalina y 15. 8 para otras siete obras.

Los responsables no han sido identificados porque con toda seguridad se trata de personas relacionadas con el poder político.

Con esa actitud, es importante que se sepa, la Procuraduría priva al país de la recuperación de otros 110 millones de dólares que tendría que desembolsar la constructora en virtud del acuerdo de lenidad a través del cual se comprometió a pagar el doble del monto en sobornos que admitió en principio. A los 92 millones de dólares que reconoció en principio se tendría que agregar los 55 millones de dólares que el Ministerio Público no encontró en su pesquisa, pero sí el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Los casos son una buena muestra, pero se pueden citar todavía más botones sobre escándalos que no se han aclarado, incluida l denuncia de Zapete, por falta de voluntad de las autoridades.