Algunos analistas políticos afirman tener informaciones de la existencia de una conjura para destituir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. También en los corrillos judiciales y políticos, se comenta que hay un plan soterrado para sustituir a los actuales integrantes del máximo tribunal. Cualquier pretensión en ese sentido, carece de legitimidad, dado que la Constitución de la República protege la inamovilidad de los magistrados.

Es irrebatible que en la composición de la actual Suprema, primó un criterio político, marcadamente sectario, con honrosas excepciones, para proteger al ex-presidente Leonel Fernández y a sus adláteres, puesto que el candidato Hipólito Mejía en las elecciones del año 2012 había advertido de que si ganaba los comicios metería a la cárcel a las autoridades salientes.

En privado, Mejía ponía mucho énfasis en su admonición. En la contienda electoral del año 1978, el dictador ilustrado, Joaquín Balaguer quiso buscar protección para él y los suyos, y al perder las elecciones recurrió a la Junta Central Electoral para que emitiera aquel “fallo histórico”, que despojó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de 4 senadurías para lograr el control del Senado de la República, hemiciclo que tenía la facultad constitucional designar a los jueces de las distintas jurisdicciones.

En el año 1997, se reunió por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura, instituido en las modificaciones que se hicieron a la Carta Magna en el 1994, a raíz de una crisis política por un gran fraude realizado por Balaguer y sus secuaces contra el más grande líder político que ha dado la República, José Francisco Peña Gómez. Aunque lo miembros del Consejo, eran de distintas parcelas políticas, hubo casi consenso en la escogencia de los jueces de la Suprema.

Los exámenes orales realizados por la Suprema Corte, presidida por el doctor Jorge Subero Isa, en las salas de audiencias, convertidos en salones de clases, en los diferentes tribunales del país, para la escogencia de los jueces de los tribunales inferiores dieron sus frutos. La justicia mostró una nueva fisonomía, y los escándalos se redujeron a su mínima expresión.

La renuncia del doctor Bernardo Pichardo Fernández como juez de la alta Corte dio paso a la elección del reformista, doctor Pedro Romero Confesor, hombre curto, discreto, de bajo perfil y que nunca fue motivo de polémica.

Los actuales jueces no pueden ser sustituidos por una convocatoria a destiempo del Consejo Nacional de la Magistratura. El párrafo I del artículo 180 de la Constitución expresa que cada 7 años evaluarán el desempeño de los magistrados, y podrán ser confirmados o sustituidos por un periodo igual. Pretender hacer remociones sería una especie de dar un golpe de Estado contra el Poder Judicial.