Golpe de Estado institucional o comoquiera que se le llame, la realidad es que la destitución de la presidenta Dilma Rousseff estaba prevista. Hasta ella sabía que su suerte estaba echada cuando compareció ante el Senado para defenderse de la trama.

Aunque no sea el primer caso que se verifica en la región, la destitución de un gobernante electo sobre la base de violar las estadísticas fiscales abre un abanico de conjeturas. Rousseff no negó las irregularidades, que por demás han constituido una rutina en casi todos los países.

El gran problema ahora se plantea en vista de que su sustituto en el poder, el vicepresidente Michel Temer, sí está implicado en los escándalos de corrupción por los que están presos políticos y empresarios.

Fue la hoy destituida mandataria la que precisamente, en aras de la transparencia y la justicia, inició la cruzada contra la corrupción. Pero los senadores opositores, entre los que figuran antiguos aliados del Gobierno, se confabularon para heredar el trono.