El Parque Nacional de Sierra de Bahoruco cuenta con una hermosa y valiosa extensión de un millón 100 mil m2. Siete demandas de propiedad en favor de dos personas, fueron presentadas hace tiempo al Tribunal Contencioso Administrativo-TSA, a través de Dantes Castillo y su firma DC Internacional SRL, reincidentes en ese tipo de fraude. Las demandas abarcan el 70 % de la extensión de ese tesoro natural.
El TSA las aceptó pese a ser inadmisibles y ha emitido dos sentencias que le imponen al Ministerio de Medio Ambiente “compensaciones” por 1,287 millones de pesos, valorando el m2 a 40 pesos. Sierra de Bahoruco fue totalmente tierra comunera antes de área protegida, intransferible por ambas razones.
Existen evidencias, por demás, de complicidades de la Jurisdicción Inmobiliaria y del Tribunal de Tierra, dados a facilitar las falsificaciones de títulos comúnmente empleadas en esas “truchimanerías”.
Abundan antecedentes parecidos en muchas operaciones de estafas, entre las que sobresalen Bahía de las Águilas, Valle Nuevo y Parque Cotubanamá (Este-Bayahibe, donde estuvo involucrado el mismísimo Dantes Castillo); además de la Operación Calamar.
Las dos demandas relacionadas con estas dos primeras sentencias se refieren concretamente a una pequeña porción del Parque Bahoruco. Las otras cinco abarcan la mayor parte del 70% del Parque Nacional, sobre la que también alegan propiedad; lo que a 40 pesos el m2, representaría una estafa de más de 100 mil millones de pesos. ¡La más descomunal en la historia del país!
Lo consumado es ominoso, pero lo peor sigue pendiente. Las dos cosas son peligrosas. La operación fraudulenta contra la Sierra de Bahoruco es ya parcialmente conocida por la responsable denuncia del pasado jueves.
Ambas sentencias, evidentemente fraudulentas, han sido objeto de un recurso de anulación a cargo de dos organizaciones de la Coalición para la defensa de las áreas protegidas. Esos avances hay que preservarlos y profundizarlos.
Antes de esa valiosa denuncia, el proceso de estafa fue silenciado y eso facilitó ambas sentencias, una en febrero del 2023 y otra en junio del mismo año. Durante meses, ni el ministerio correspondiente, ni el MP, ni el Gobierno central, informaron de algo tan grave. Los medios de comunicación ocultaron los hechos. Factores poderosos parecen estar detrás de esa estafa en marcha.
Es preciso terminar de desnudar y desmantelar la mafia que impuso el ocultamiento. El desafío es enorme, porque si no se anulan las referidas sentencias y se derrota totalmente todo el proceso fraudulento, se corre el riesgo de una cadena de estafas que deteriorarían totalmente el sistema de áreas protegidas, lo que es inaceptable.
