El Ministerio Público trabajaba esta mañana en la solicitud de la medida de coerción, consistente en prisión preventiva, garantía económica e impedimento de salida que presentará en las próximas horas contra del ingeniero Emmanuel Rivera Ledesma y a otros integrantes de una red que estafó con millones de pesos a personas a las que ofertaban viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
El constructor fue interrogado ayer durante varias horas por la directora de Persecución del Ministerio Público, procuradora adjunto, Yeni Berenice Reynoso, y posteriormente conducido a la cárcel provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se encuentra preso junto a otros implicados en la red.
El órgano acusador adelantó que solicitará prisión preventiva a los imputados encartados en el expediente por estafa, lavado de activos y asociación de malhechores en perjuicio de las víctimas, a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Por el caso fue requerida la esposa de Rivera Ledesma, Scarlet Cruz, quien se presentó ante el despacho de la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso.
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La red criminal utilizó los vehículos societarios Indisarq, SRL, CRD Equipos Pesados, SRL, el Grupo Wimar, SRL y Auto Xperts AFM SRL, para crear el esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas.
El ministerio público aduce que el imputado Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellarán en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
Señala que también buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
La investigación ha arrojado que al menos 144 víctimas han presentado querellas o denuncias ante el Ministerio Público. La mayoría de los afectados son personas trabajadoras que con sacrificios aportaron importantes cantidades de dinero para adquirir una vivienda que nunca recibieron.
Además, que cuando reclamaban varios de ellos eran amenazados e intimidados por el cabecilla de la red, Rivera Ledesma, quien los desafiaba a ir a la justicia, instancia en la que, según pregonaba, las víctimas saldrían sin lograr nada.
Mediante la Operación Nido, iniciada la madrugada del miércoles y todavía en proceso, el Ministerio Público y la Policía Nacional, se realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
