Si se desea saber por qué la población desconfía de leyes que se dice son aprobadas para su beneficio, se remite a la ley 13-20, según la cual se reducirían las comisiones que cobran a sus cotizantes las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), cuyos ingresos desde 2003 ascienden a más de 19 mil millones de pesos.
Ese estatuto aprobado en febrero de 2020, estableció una comisión única con una reducción programada de las tasas cobradas por las AFP, que comenzaría en 1.2 % de los activos administrados hasta bajar a un 0.75 % para 2030, pero esas entidades perciben mayores utilidades.
La Superintendencia de Pensiones (Sipen) reveló que las AFP han acumulado ingreso por $19,056 millones y que, en los primeros seis meses de 2020, las comisiones cobradas a los afiliados ascendieron a $3,964.7 millones, lo que representa un crecimiento de 0.11% con respecto a 2019.
Aunque se pretende demostrar que esa ley promulgada por el presidente Danilo Medina en febrero de 2020 ha surtido los efectos de reducción de las utilidades de las Administradoras de Fondos de Pensiones, la verdad es que han crecido, aunque muy modestamente.
En el año anterior a la puesta en vigencia de esa normativa, los ingresos acumulados de las AFP fueron de $18,363,240 millones, pero en el 2020 aumentaron a $19,055 aunque se mercadea que en promedio las administradoras percibieron 944 pesos por afiliados y éstos 9,300 en seis meses.
Es difícil entender que las AFP aumentaron sus ingresos o utilidades durante un año, como el 2020, de cruenta pandemia, cuando la economía se desplomó en un 49% y más de un millón de trabajadores fueron suspendidos, de los cuales unos 180 mil no retornaron a sus labores.
Tan categóricas fueron las autoridades con respecto a la eficacia de ese estatuto, que el entonces ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, estimó que para el 2020, los ingresos de las AFP habrían registrado una reducción de $3,588 millones, dinero que iría a las cuentas de los afiliados.
Ese sistema de cotización individual es una expresión de iniquidad absoluta en perjuicio de los afiliados, condenados a recibir una pensión de miseria, y que aun muertos antes de alcanzar la edad de pensión, sus herederos confrontan serios inconvenientes para retirar el dinero ahorrado. Lo mucho hasta Dios lo ve.
