El procurador de la Corte de Apelación de San Cristóbal, doctor Jesús Fernández Vélez declaró este viernes que la Dirección General de Prisiones será la que tiene la última palabra sobre si deja que el recluso José Redondo Llenas, condenado a 30 años de cárcel por matar un niño que era primo suyo, siga escribiendo artículos en los periódicos.

Vélez dijo que particularmente sigue opuesto, pero que eso es una decisión que finalmente tendrá que tomar la Dirección General de Prisiones a través de su titular Roberto Obando Prestol.

El Nacional trató de conocer la reacción de Obando Prestol, pero un asistente dijo que se encontraba en una reunión, por lo que no podía atender una llamada telefónica que se le hizo.

Sin embargo, ayer Obando Prestol rechazó el amparo y lo calificó como un precedente negativo para el sistema penitenciario.

Explicó que en julio recibió una comunicación donde el abogado de Redondo Llenas le hacía saber que el recluso tenía interés de publicar una serie de artículos de opinión en diarios de circulación nacional, impresos o digitales, ante lo cual remitió un oficio dando una respuesta negativa a esas pretensiones.

Redondo Llenas, quien cumple una condena de 30 años por el asesinato de su primo, el menor José Rafael Llenas Aybar, logró un recurso de amparo que obliga a las autoridades penitenciarias permitirle publicar artículos de opinión en los medios de comunicación.

La decisión fue tomada por el juez interino de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez, quien reconoció la facultad de Redondo Llenas a la libertad de expresión y por consiguiente a publicar sus artículos en el diario Ciudadoriental.org, sin necesidad de hacer alguna advertencia a la Dirección General de Prisiones para que se abstenga de propiciar actos o algún valladar que imposibilite la materialización plena de ese derecho.

El recluso elevó la acción de amparo por medio de su abogado Jorge Antonio López Hilario.

Planteó que el interno se ha mantenido durante 15 años en la cárcel y se ha caracterizado por el respeto a las autoridades.

Agrega que ha ejercido su derecho constitucional de expresarse libremente, pero le fue comunicado que no tenía facultad para ello, por lo que elevó una solicitud de reconsideración a Prisiones, la que le recomendó apoderar del caso al juez de Ejecución de la Pena.