Cuando hay pendientes procesos y recursos legales que la ley garantiza en un estado de derecho y que deben ser ventilados en las instancias que la Constitución establece, ningún dirigente o grupo político puede dar como definitiva alguna decisión en que en principio haya obtenido ganancia de causa.

Es precisamente el fundamento de ese estado de derecho propio de una democracia efectiva el que garantiza que todas las partes involucradas en un conflicto puedan exponer sus argumentos, agotando los medios legales a disposición de los ciudadanos en sentido general.

Eso deberían entenderlo el expresidente Leonel Fernández y quienes le siguen en su proyecto Fuerza del Pueblo, en lugar de seguir adelante en sus aprestos electorales, cuando el Tribunal Superior Administrativo tiene previsto conocer una instancia que podría dar al traste con su candidatura presidencial.
La posibilidad de esa candidatura está sujeta a lo que el TSA decida al conocer una solicitud de nulidad formulada en contra de la resolución número 30-2019 de la Junta Central Electoral (JCE), que admitió esa nominación presidencial de Fernández por el Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), transformado ahora en Fuerza del Pueblo mediante un proceso lleno de irregularidades.

Debido a sus conocimientos como experimentado jurista, Fernández debería ser en el primero en reconocer las faltas en que ha incurrido junto a sus seguidores, pero no puede hacerlo porque la ambición de poder contra toda lógica lo ha arrastrado a un precipicio que le impide medir el alcance de sus ejecutorias.

Con todo el derecho que le asiste como fundador y presidente ad vitam del PTD, el dirigente José González Espinosa procura que el TSA declare la nulidad de la inscripción de la candidatura de Fernández por esa organización y los argumentos que sustentan su pedido son claros, por lo que en justicia y buen derecho deberían ser acogidos.

A través de sus abogados Santiago Rodríguez Tejada y Eduardo Ramos Elías, González Espinosa ha expuesto al tribunal que la candidatura de Fernández carece de legitimidad al no reunir los requisitos establecidos en el artículo 15 del reglamento para el funcionamiento de la comisión nacional electoral del PTD, según lo aprobado por su Comité Central el 12 de mayo de 2019, para poder ostentar la candidatura presidencial por esa organización.

Para sustentar sus argumentaciones y que el TSA pueda contar para su fallo con suficientes elementos de juicio, precisa que dentro de esos requisitos legales y estatutarios para ser candidato por el PTD se encuentran estar inscrito en el partido y no haber participado como aspirante a una candidatura en otro partido.

Desde que el exgobernante y su grupo comenzaron a diseñar su invento de convertir al PTD en la Fuerza del Pueblo, en un proyecto en que se ha perdido toda noción de perspectiva sensata, González Espinosa y sus abogados han sido coherentes en sus planteamientos.

En otro de los señalamientos que forman parte de la instancia y que serán objeto de análisis por el TSA, el equipo legal de González Espinosa dice que Fernández incumplió, además, presentar el programa de trabajo a ejecutar en caso de ser electo para el cargo que aspira.

Las irregularidades en que incurrió el proyecto de Fernández es todavía mucho más grave, en vista de que el exmandatario incurrió en una doble postulación contraria a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y a los estatutos del PTD, pues fueron depositadas ante la JCE dos propuestas de candidatura presidencial por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) el 15 de noviembre de 2019, y por el PTD el 19 de noviembre del mismo año.

Así quedó al descubierta una anomalía que el TSA podrá advertir tomando en consideración que el PRSC y el PTD no habían suscrito alianza o coalición para el nivel presidencial al momento de depositar dichas propuestas ante el órgano electoral.
El 11 de febrero de 2020 será la fecha para ventilar y desenredar este embrollo montado por Fernández, ya que el TSA fijó para ese día el conocimiento de la instancia de nulidad. La suerte está echada y que gane la justicia y el buen derecho.