El Nacional

El coordinador de la Cumbre por la Unidad Nacional para Enfrentar la Crisis Mundial, ingeniero Temistocles Montás, informó ayer que desde hoy lunes los diferentes sectores y el gobierno empezarán a evaluar las propuestas para decidir cuáles se pueden o no implementar en el corto y mediano plazo.

Al concluir la primera fase de trabajo de las siete meses conformadas en el marco de la Cumbre, Montás explicó que prosigue ahora entregar las propuestas identificadas a todos los sectores que han participado en esta etapa para su evaluación. Indicó que luego se consensuarán las que se entiendan viables y de rápida ejecución en el Plan de Acción a ejecutarse este año.

La idea es tratar de que en la semana que se inicia el lunes los diferentes sectores y el gobierno comiencen a ponerse de acuerdo internamente en cuáles son las propuestas en las que se puede asumir compromisos, dijo Montás en una nota suministrada por la Unidad de Comunicaciones de la Secretaría de Economía, Planificación y Desarrollo.

Dijo que en la segunda fase de la cumbre, programada para el viernes 6 y sábado 7 de febrero, los representantes del gobierno vendrán a comunicar con cuáles propuestas están de acuerdo, cuáles consideran que deben ser discutidas más profundamente y también cuáles son imposibles de asumirse a lo largo de este año.

Empero, el también secretario de Economía, Planificación y Desarrollo está confiado en que en esta segunda fase el gobierno y los representantes de los diferentes sectores puedan pactar acuerdos concretos para el Plan de Acción.

Las sesiones de trabajo de las mesas de Política Social y Empleo, así como de Macroeconomía y Competitividad se desarrollaron en el hotel Hilton, en tanto que las de Seguridad Ciudadana, Desarrollo Territorial, Gestión Ambiental y Medio Ambiente; Migración y Frontera y Consolidación Institucional debatieron en el hotel Dominican Fiesta.

La mesa de Electricidad e Hidrocarburos no sesionó el sábado, ya que el mismo viernes finalizó los trabajos de la primera fase al lograr identificar las propuestas más viables para ser implementadas en esa área para enfrentar la crisis que ha afectado al sector por décadas.

Mientras que en la mesa de Consolidación Institucional una de las propuestas más destacada fue aquella que establece que ningún funcionario público devengue un salario superior al que recibe el Presidente de la República.

El doctor Servio Tulio Castaños, coordinador de la mesa Consolidación Institucional, dijo que otras propuestas destacadas son las que crea la Policía Judicial, la que establece la permanencia del Procurador General de la República por cuatro años y la que regula a los partidos políticos.

El vicepresidente Rafael Alburquerque reveló que en la mesa de Política Social y Empleo, que él coordina, se discutieron tres propuestas básicas, entre las que figuran que el gobierno se embarque en programas de emergencia de generación de empleos, apoyar a la microempresa y la aprobación de una ley que libere el uso de los fondos de pensiones.

Alburquerque destacó el dinamismo que caracterizó las sesiones de las subcomisiones que discutieron individualmente los temas de empleos, salud, educación y seguridad social. Otra propuesta que compete exclusivamente al gobierno, es la creación de programas temporales de emergencia, tales como limpieza de calles, cañadas y canales de riego, a fin de crear empleos temporales, dijo Alburquerque.

En la mesa de Macroeconomía y Competitividad, que coordina Lisandro Macarrulla y que moderó Andrés Vanderhorst Álvarez, se mostró especial interés por el tema de la competitividad, por la importancia que éste tiene en el incremento de las exportaciones y la generación de empleos.

En esta mesa de 400 propuestas que se presentaron se redujo a 70, las cuales serán dadas a conocer a partir del lunes en la página web de la cumbre.

En la mesa de Seguridad Ciudadana, fueron identificadas 12 propuestas básicas, entre estas la que establece el aumento del régimen subsidiado a 500 mil personas, el establecimiento de la red pública, el aumento del presupuesto de salud y del sistema de seguridad social, así como una mayor inversión en el primer nivel de salud, según lo dispone la ley general de salud, entre otras.