Desde finales de junio a la fecha ha transcurrido tiempo más que suficiente para que la Procuraduría General de la República haya desvelado con pelos y señales ese misterio que rodea la identidad de los seudónimos con que la constructora Odebrecht habría pagado sobornos por 39.5 millones de dólares para Punta Catalina y otros 15.9 para otras siete obras.

Ninguna otra causa como no sea el encubrimiento político explica o justifica la aparente negligencia, toda vez que puede darse por un hecho que en ninguno de los países envueltos en el gigantesco escándalo de corrupción se han dejado tantos rastros como en República Dominicana para identificar y procesar a cada uno de los sospechosos. Basta con saber que el departamento de la compañía para efectuar los pagos ilícitos operó en el territorio.

Tan censurable como la conducta del Ministerio Público es la indiferencia de la oposición y de la opinión pública. Ni siquiera la posibilidad de que el país pueda recuperar 110 millones de dólares, en caso de demostrarse la evasión de los sobornos, ha servido de leitmotiv para reclamar una investigación seria.

En virtud del acuerdo de lenidad, la constructora se comprometió a resarcir al Estado con el doble de las coimas que reconoció, que en ese primer momento fueron de 92 millones de dólares. Pero el Consorcio Internacional de Periodistas Profesionales encontró que la compañía no transparentó 39.5 millones que habría pagado por un lado y 15.9 por el otro, lo que totaliza 54 millones. Si nadie se ha percatado de esa realidad entonces sí es verdad que hemos llegado.

La sospecha de encubrimiento se torna todavía más evidente con la revelación de la acuciosa periodista Alicia Ortega en el sentido de que las autoridades excluyeron del expediente que se ventila en la Suprema Corte de Justicia a una firma beneficiada con los pagos irregulares.

En los nuevos casos que aparecieron después de la investigación inicial se ofrecen, además de los seudónimos, los montos que se habrían pagado a cada uno de los beneficiarios. Por el curso del proceso hoy se tiene necesariamente que caer en la cuenta de que si se interrogó a tres personas con relación al escándalo fue porque sus nombres salieron a la luz pública.

Si antes no se avanzó en la investigación, en medio de un proceso electoral las esperanzas son más remotas, a menos que los sectores más sensatos se empoderen y presionen para que se actúe sobre los sobornos, que a lo mejor no son ni siquiera los últimos. Además de un ejemplo de transparencia, siempre que no se excluya a ninguno de los imputados, con los recursos que se obtendrían el país podría implementar algunos proyectos de interés social.