Morelba Delgado, en el centro, habla con un familiar por celular tras ser liberada del centro de detención Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, el sábado 14 de febrero de 2026, en Caracas, Venezuela. (AP Foto/Ariana Cubillos)
Caracas.-A cuatro días de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en Venezuela, más de 3,200 personas que estaban detenidas o sometidas a medidas cautelares sustitutivas de prisión han recuperado su libertad plena, según informó este martes una comisión especial de la Asamblea Nacional encargada de velar por el cumplimiento de la norma.
El diputado Jorge Arreaza, presidente de la comisión especial para el desarrollo e implementación de mecanismos que aseguren la aplicación de la ley, indicó que hasta la mañana del martes los organismos competentes habían recibido 4,203 solicitudes para acogerse al beneficio.
Tras la evaluación de los casos, se otorgó libertad plena a 3,052 personas que ya cumplían medidas cautelares de presentación o arresto domiciliario, mientras que otras 179 que permanecían en prisión fueron excarceladas.
Arreaza explicó que la ley establece la extinción del delito por el cual la persona estaba siendo procesada o incluso condenada. Señaló que, hasta el momento, ninguno de los pedidos ha sido declarado improcedente. La normativa excluye a condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves a los derechos humanos y rebelión militar.
Contraste con organizaciones civiles
Foro Penal, organismo civil que vela por los derechos de los prisioneros en el país, afirma que ha verificado la excarcelación de 91 personas detenidas por motivos políticos desde el 20 de febrero bajo la Ley de Amnistía.
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La organización, que ha solicitado la revisión de 232 casos excluidos del beneficio, sostiene que cerca de 600 personas permanecían detenidas. Además, señala que al momento de la sanción de la ley había más de 11,000 personas con medidas restrictivas de libertad que en algún momento estuvieron encarceladas.
Contexto político y reacciones
La iniciativa, impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, fue recibida con desconfianza por familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos, que han exigido la liberación inmediata de todos los reclusos por motivaciones políticas.
La ley contempla su aplicación a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros.
La Ley de Amnistía fue sancionada el 19 de febrero, casi tres semanas después de que Rodríguez presentara la propuesta con el argumento de fomentar la convivencia en el país. La mandataria fue juramentada el 5 de enero, dos días después de la captura y traslado del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales por tráfico de droga.
Rodríguez ha manifestado su esperanza de que la amnistía contribuya a sanar las heridas derivadas de la prolongada confrontación política iniciada con la llegada al poder del fallecido presidente Hugo Chávez en 1999.
El gobierno niega la existencia de presos políticos y sostiene que los detenidos enfrentan cargos por conspiración y desestabilización.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan que sean los mismos jueces y fiscales que formularon las acusaciones quienes interpreten la ley para otorgar beneficios, en lugar de designar jueces especiales para ese proceso. También han pedido el desmantelamiento de lo que consideran un sistema represivo responsable de las encarcelaciones.
