La revelación de que República Dominicana fue el único país de todos los involucrados en el escándalo de corrupción de Odebrecht que prefirió pactar un acuerdo de colaboración con la constructora antes que con los fiscales de Brasil confirma el escaso interés, más que demostrado, de profundizar las investigaciones para llegar hasta las últimas consecuencias.

A diferencia de naciones como Perú, Ecuador y Colombia, donde la empresa distribuyó una chilata en comparación con los 92 millones de dólares que dijo repartir aquí, entre los imputados por estos predios no hay un solo peje gordo y ni siquiera un solo funcionario de la actual administración.

La Procuraduría General de la República, al defenderse de los datos inéditos encontrados en una investigación de Transparencia Internacional y la agenda Jota ha señalado que firmó la “Declaración de Brasilia” junto con Argentina, Chile, Colombia, Ecuador México, Panamá, Portugal y Venezuela.

Y explicó que fue en ese marco de colaboración que las autoridades brasileñas sugirieron al país suscribir un acuerdo con Odebrecht de la misma manera que se había hecho allá, Estados Unidos y Suiza. ¡Vaya consejo! Resulta y viene a ser que esa preferencia solo se tuvo con la nación donde había más razones para profundizaren las investigaciones, tanto por las 17 obras, el monto de los sobornos y el hecho de que operara aquí la oficina para hacer los pagos ilegales.

El Ministerio Público dice que no descarta que el detonante de las entidades internacionales sea parte de una estrategia de desinformación de los imputados.

La apreciación puede ser una de las salidas más fáciles para no entrar en mayores explicaciones. No se trata de ninguna aporía, por ejemplo, sino que carece de lógica que entre los imputados haya dos expresidentes del Senado que militan en la oposición, en cuyas gestiones solo se aprobaran tres contratos de préstamos; que no haya ningún diputado y que el único legislador oficialista sea el titular de la comisión de finanzas de la cámara alta.

Y para colmo tampoco parece que, por las características de las imputaciones, la constructora cumpliera con el acuerdo para proporcionar todas las informaciones sobre la operación. Si lo hizo los fiscales no las validaron dado que las acusaciones se basan en incremento de su patrimonio o trato comercial con el empresario Ángel Rondón.

Entre las muchas interrogantes sacadas a relucir por el informe de Transparencia Internacional y la agencia Jota no se puede obviar el hecho de que la constructora confesó que el dinero de los sobornos lo obtenía de la sobrevaluación de las obras. Se ordenó una auditoría de todos los proyectos, menos Punta Catalina, que hoy no se sabe en qué ha quedado. Y todavía no es todo.