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Exhorta reformar leyes electorales

Exhorta reformar leyes electorales

Román Jáquez Liranzo, presidente de la Junta Central Electoral.

Aunque los diputados anunciaron ayer que entre sus prioridades para la presente legislatura están el Código Penal y las modificaciones a las leyes de Partidos Políticos y Régimen Electoral, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Román Jáquez Liranzo, insiste en que deben aprobarse en los próximos dos meses.

“El tiempo para aprobar los cambios que necesitan las leyes electorales de cara a las elecciones del 2024, se acorta y de no hacerse lo antes posible podrían afectar el calendario y montaje de las votaciones, como ocurrió en 2020”, expresó Jáquez Liranzo.

Sostuvo que tiene la esperanza que en la legislatura que recién inicia, el Senado y la Cámara de Diputados, hagan los aprestos necesarios y urgentes para dotar al sistema democrático dominicano de normas que van a fortalecer la integridad electoral y política.

Precisó que debe haber conciencia de que las reformas electorales son decisiones políticas, pero que el liderazgo que la decide debe priorizar la democracia y el desarrollo de su sistema electoral por encima de coyunturas individuales, porque es lo que se necesita.

El presidente de la JCE explicó que ese órgano y los partidos concluyeron los debates sobre la reforma electoral en el marco del diálogo nacional, con más disensos que consensos.

 Argumentó que la aprobación de la reforma electoral es primordial para el diseño de un sistema que permita la celebración de elecciones conforme a los parámetros internacionales de buenas prácticas, de tener elecciones inclusivas, limpias y competitivas, y esto requiere de un marco jurídico adecuado, que sea la consecuencia del consenso de los actores políticos.

Sin embargo, previo a la conclusión de esos debates, la JCE  presentó a la sociedad, y luego entregó a las cámaras legislativas su propuesta de reforma a las leyes 33-18 y 15-19.

Hay varios temas en los que  no llegaron a consenso, el más espinoso es la distribución de los recursos del Estados que reciben las organizaciones políticas, ya que la JCE propone que en vez del 80% sea 70% lo que reciban los partidos grandes.