El revuelo surgido en torno a los fondos a los partidos políticos ha colocado la asignación en el centro de múltiples cuestionamientos.

Al no transparentar con la honradez que se demanda las organizaciones han contribuido con la oposición a la cuantiosa erogación concebida para financiar sus actividades.

El escarceo ha cobrado más intensidad después que el Gobierno dispuso una asignación adicional, porque supuestamente no estaba contemplada en el presupuesto, de más de 2,500 millones a los partidos para que cubran su campaña para las elecciones de mayo.

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La JCE y Finjus defendieron la erogación, pero movimientos como Participación Ciudadana se mostraron opuestos a que se eroguen recursos no contemplados en el presupuesto.

Sin que la controversia se haya dilucidado en los tribunales, dirigentes opositores han rechazado que se trate de una asignación adicional bajo el argumento de que el financiamiento a los partidos lo establece la ley.

Mientras tanto la Iglesia católica favoreció que se revise la asignación e incluso planteó que parte de los recursos sean destinados a satisfacer necesidades de la población.

El Gobierno ha declarado que los recursos serán repuestos a través de un incremento en las recaudaciones.

Pero el caso es que con el escarceo el financiamiento a los partidos ha sido sometido a un fuego cruzado que en definitiva cuestiona a las organizaciones que pugnan por el poder.