Como si este vecindario fuera el Macondo de la novela, el encargado de la Dirección de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor) descubre ahora que esa entidad debería inspeccionar las plantas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP) y no Pro Consumidor, al que considera usurpador.

Durante seis años, Digenor no ha denunciado ni cerrado uno solo de esos establecimientos por estafar al público, a pesar de que hoy se señala que casi el cincuenta por ciento de esas plantas opera con medidores alterados.

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ha iniciado un aplaudido operativo de localización y cierre de las envasadoras que incurren en fraude, en estricto cumplimiento de sus prerrogativas.

El director de Digenor, doctor Julio Santana, que nunca dijo esta boca es mía, ante ese engaño generalizado, acusa a Pro Consumidor de usurpación de funciones, porque esta dependencia ha asumido su responsabilidad.

La licenciada Altagracia Paulino, directora de Pro Consumidor, ha señalado que en los operativos para detectar fraude en el despacho de GLP, participan técnicos de Digenor, a quienes citó por sus nombres y son los que colocan los precintos de seguridad en el cierre de las plantas donde se comprueban irregularidades.

¿Cómo es posible que un funcionario que por años nada ha hecho para frenar un tipo de fraude masivo contra los consumidores, acuse ahora a otra institución, que sí ha acometido esa tarea, de usurpar funciones?

Pro Consumidor ha cumplido cabalmente con la ley, al auxiliarse de técnicos de Digenor que usan equipos de esa dependencia para comprobar fraude o irregularidad en los sistemas de medición que operan las envasadoras.

Es obvio que con sus operativos anti fraudes, Pro Consumidor ha chocado con intereses muy poderosos, que Digenor nunca tocó ni con el pétalo de una rosa.