El quehacer político local está plagado de mitos y viejas creencias, develadas y derrumbadas ante la disposición de cambio surgida a la luz de la penosa realidad que vive el país. Basta con que se den esas condiciones, como ocurre en efecto. Estamos hablando de comportamientos dañinos para el desempeño social y económico de la nación, cuyas consecuencias se reflejan en todos los ámbitos. Vayamos, entonces, enumerando y denunciando dogmas que, a fuerza de persistir, se constituyen en elementos desestabilizadores y perniciosos. Obsoletos, en definitiva.

Controlar la justicia anticipa y garantiza impunidad al Presidente saliente. Nada más nocivo para una sociedad que el orden legal y la justicia sean conculcados y manipulados en beneficio de un puñado de funcionarios del Estado, como ahora pretende establecer Danilo Medina. Daño institucional con resultados imprevisibles, incontrolable cuando se sale del poder.

Repetir la fórmula Balaguer de 1978, para manejar el Senado y designar jueces complacientes es improbable en estos tiempos. La capacidad de imposición se pierde, de todos modos, tan pronto bajan las escalinatas del Palacio.

Mantenerse como opción de poder, a pesar de la prohibición constitucional, impide que el jefe del Estado sea abandonado. Apostar a lealtades en tales condiciones es desconfiar en exceso de sus colaboradores, con el costo económico, político y social que esto representa.

Los cargos son finitos y el poder es pasajero. Se trata de un estadio que nuevas actitudes se han encargado de superar. Luis Abinader cree, al respecto, que para un hombre de Estado vale más el aprecio y el respeto que gana un estadista a su paso por el poder. Más bien, entiende que el país no está preparado ni siquiera para la reelección por dos periodos consecutivos, y que con solo dos alternados es suficiente.

Ver la actividad partidista como un vulgar medio de negocio y arreglos al margen del interés de la nación es uno de los errores que ha desacreditado a los políticos y a la política.

Decía Abinader que las cuotas de poder, como las de alcaldes, deben basarse en el desempeño,, no en el número de empleos que pueda asignar al partido. Es una tara que el orden político se encargará de eliminar en su benéfico y, en consecuencia, del país.

Creer que solo el dinero, y sobre todo, disponer de los fondos público asegura el éxito electoral, puede ser una cuestión irrebatible donde impera el desorden y el terror, con la pobreza y el clientelismo como una combinación aprovechable. Hacer uso de los beneficos derivados de la seguridad social como instrumento de compra de voluntades, además de deleznable, perderá vigencia cuando estas prerrogativas sean instituidas legalmente, como corresponde y ha propuesto Abinader.