El Ministerio Público y la Policía identificaron ayer a dos supuestos homicidas del abogado Yuniol Ramírez y señalaron que el móvil del asesinato habría sido una alegada extorsión de la víctima contra el director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) para no develar un supuesto acto de corrupción en esa empresa estatal.

La fiscal de la provincia Santo Domingo y el jefe de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrin), han dicho que dos empleados de la Omsa raptaron y asesinaron a Ramírez porque supuestamente el profesional extorsionaba al titular de esa entidad.

Las autoridades han señalado que el funcionario habría acordado entregarle cuatro millones de pesos al jurista para que no procediera a la denuncia penal sobre una situación irregular en la Omsa, de cuya suma habría adelantado el pago de un millón de pesos.

No se niega que en ese informe se identifican los posibles homicidas y el móvil del crimen, así como la afirmación de que se habría adelantado una cantidad del dinero exigido como parte de la supuesta extorsión, pero debe advertirse que tales fardos probatorios son aún insuficientes.

Otro elemento revelado por las autoridades se refiere a un posible caso de corrupción que habría desvelado el malogrado abogado en la Omsa, lo que obliga a la Oficina de la Procuraduría Anticorrupción a emprender una investigación adicional para determinar su veracidad y alcance.

Fiscalía y Policía tienen el irrenunciable compromiso de profundizar las investigaciones en torno a ese asesinato de tal manera que sea posible convencer de sus conclusiones a una incrédula ciudadanía y a una justicia asediada por la desconfianza.

Llama la atención que los investigadores de la Fiscalía y la Policía se esmeren en colocar en su lugar todas las piezas de esta compleja investigación, para no dar pie a conjeturas, a opiniones aventureras ni tampoco repetir la dosis de frustración ciudadana.