La Federación de Mujeres Empresarias Dominico-Internacional (FEM) saludó el esfuerzo que procura actualizar el marco jurídico que regula la libertad de expresión y los medios audiovisuales en la República Dominicana.

La FEM consideró que el Proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales es una iniciativa que representa una oportunidad histórica para consolidar un entorno comunicacional más justo, moderno y equitativo, en consonancia con los principios constitucionales y los compromisos internacionales del Estado dominicano.

Sin embargo, como representantes de un sector empresarial comprometido con la sostenibilidad, la equidad y la legalidad, advirtió puntos críticos que deben ser revisados con seriedad y apertura.

La presidenta de la FEM, Rossy Escotto, sostuvo que “Desde la FEM, valoramos positivamente que el proyecto reconozca, en su artículo 5, el acceso a Internet como un derecho fundamental, lo cual representa un paso clave para reducir la brecha digital que ha afectado desproporcionadamente a mujeres en zonas rurales y contextos vulnerables.

Asimismo, celebramos el principio de equidad en el lenguaje (artículo 6, numeral 9), la protección de los derechos de niñas y adolescentes frente a contenidos violentos (artículo 29), y el mandato al Instituto Nacional de Comunicación (INACOM) de velar por el respeto de los derechos de la mujer en los medios audiovisuales e Internet (artículo 36, numeral 7)”.

Escotto destacó que esas disposiciones son coherentes con una visión democrática del acceso a la información y con la necesidad de erradicar la violencia simbólica y digital que enfrentan muchas mujeres en espacios de opinión y liderazgo público.

Entre los puntos a revisar citó la ausencia de paridad en los órganos de gobernanza del INACOM, lo cual contradice el principio constitucional de igualdad y debilita la legitimidad institucional de un organismo que debe garantizar los derechos de todas las personas.

También la falta de mecanismos concretos para prevenir, sancionar y reparar la violencia digital y mediática de género, una problemática creciente con alto impacto psicológico, reputacional y económico en las mujeres profesionales y emprendedoras.

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Además, el lenguaje ambiguo en disposiciones clave, como las relativas a infracciones graves o el debido proceso digital, que puede ser interpretado de forma regresiva frente a ataques misóginos o discursos discriminatorios.

Asimismo, carencia de lineamientos claros para promover el liderazgo femenino y la visibilización equitativa de las mujeres en contenidos mediáticos y campañas estatales de comunicación.

“Desde una mirada empresarial, también señalamos que una legislación moderna debe garantizar seguridad jurídica, reglas claras y condiciones que favorezcan un ecosistema digital y comunicacional confiable, especialmente para emprendedoras, comunicadoras y marcas que construyen reputación en medios y redes. Sin estas garantías, se limita la capacidad del sector privado de proyectar iniciativas con responsabilidad social y sostenibilidad reputacional”, afirmó la presidenta de la FEM.

Por todo lo anterior, la FEM invitó al Congreso Nacional, a los medios de comunicación, a las entidades reguladoras y al sector empresarial a conformar una mesa técnica y participativa que escuche a las organizaciones de mujeres, a expertas en comunicación, y a defensoras de derechos digitales, de manera que esta ley se convierta en un instrumento de justicia, equidad y desarrollo, no en una fuente de nuevas exclusiones.

Escotto reafirmó el compromiso de la FEM con una comunicación libre, plural, responsable y profundamente humana. “Una comunicación donde todas podamos ejercer nuestro derecho a expresarnos sin miedo, sin violencia y sin barreras impuestas por los estereotipos o las estructuras excluyentes”, añadió.