Final infeliz del PLD

En la campaña electoral del 2012 Wilton Guerrero le atribuyó a Hipólito Mejía, candidato presidencial a la sazón, tener vínculos con narcotraficantes mexicanos, una grave imputación que el legislador nunca comprobó ni en público ni el privado, pero por tratarse de una figura del PLD la Suprema Corte de Justicia, jurisdicción privilegiada para un legislador, evadió conocer durante años, hasta que lograron un acuerdo entre las partes y se produjo la disculpa.
Sin embargo, en otros casos por delitos de difamación e injuria, en los que figuras peledeístas supuestamente han sido agraviadas, no se ha buscado ningún entendimiento y se ha procedido a la condena. Así se hizo cuando el comunicador y abogado Salvador Holguín abordó temas sobre Lucía Medina, hermana del presidente de la República y quien se desenvolvía en la ocasión como presidenta de la Cámara de Diputados.
Creo que Salvador Holguín cometió un error, pues la vida privada de las personas no se toca, menos si se trata de una dama. Cierto o no lo que se aludía sobre Yomaira Medina a la gente no le importaba, razón por la que el comunicador no encontró solidaridad. De todos modos, Holguín aclaró y procuró vías amigables, pero no hubo formas. La justicia lo condenó al pago de siete millones de pesos a la legisladora, para reparar daños morales.
En el caso de José Ramón Peralta y Leonardo Faña la justicia peledeísta tampoco ha tenido piedad, a pesar de que el empresario del PRM presentó evidencias que comprometían al funcionario. Si no se condenaba a Peralta, la prudencia aconsejaba a la búsqueda de un entendimiento. Pero se exhibió soberbia y abuso de poder con la sentencia que obliga al opositor al pago de diez millones de pesos y seis meses de prisión suspendida, sin poder salir del país.
Esta sentencia es más grave de lo que la gente imagina, pues involucra un mensaje de advertencia y todo el que en lo adelante denuncie actos de corrupción pública se expone a ser condenado por los tribunales peledeístas. El PLD está blindado con su justicia no sólo para garantizar su impunidad sino para perseguir a los dominicanos que abogan por el adecentamiento de la administración pública.
Pero los abusos y excesos se acumulan y tienen un límite, como en efecto ocurrió con la dictadura trujillista. Por el camino que va el PLD se le puede anticipar un final infeliz.