La Fiscalía del Distrito Nacional no se ha referirse a una denuncia del empresario Carlos Gómez de que el órgano acusador no le ha dado curso a una querella que interpuso contra el exministro de Obras Públicas, Freddy Pérez y varios socios, acusados de abuso de confianza en la venta de un edificio al Ministerio de Industria y Comercio.

A pesar de los esfuerzos hechos por reporteros de El Nacional en busca de la opinión de la magistrada Rosalba Ramos, no ha sido posible obtener su reacción al respecto.
A través de las Relaciones Públicas de la Fiscalía se ha solicitado una reacción, y la respuesta hasta ahora es que no ha sido posible.

Ayer también El Nacional hizo la solicitud por ante el despacho de la magistrada, y la respuesta fue que estaba en reunión, quedaron de llamar y hasta ahora nada.

El empresario emplazó a la fiscal Ramos, a través de su abogado Julio Santamaría, quien alega que el fiscal adjunto Franklin Céspedes, quien está apoderado del caso, se ha negado a avanzar en la pesquisa.
El empresario Gómez alega que sus socios en el desarrollo del inmueble se apropiaron de lo que correspondía valiéndose de maniobras que constituyen delitos penales.

Santamaría sostiene que con ese dinero Freddy Pérez y sus socios Publio Silfa y Ramón Andújar emitieron varios cheques por decenas de millones de pesos a nombre de familiares, mientras que el señor Gómez no recibió su parte del negocio.

Indicó que Gómez aportó más de un millón de dólares para salvar el inmueble que estaba afectado por una hipoteca con otra entidad bancaria, lo que viabilizó el financiamiento con el Reservas.

Santamaría reveló que cuando Gómez reclamó, tras la venta del edificio, Freddy Pérez alegó que el negocio no produjo ganancias porque tuvo que darle tres millones de dólares (150 millones de pesos) a un funcionario de Industria y Comercio para que autorizara la operación de compra.

Temo Montás

En tanto que, el exministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás intimó ayer mediante acto de alguacil al abogado Julio Santamaría para que rectifique en un plazo de tres días las afirmaciones injuriosas que tratan de vincularlo en la aceptación de un soborno en la adquisición de un inmueble arrendado por Industria, Comercio.

Montás sostiene que Santamaría incurrió en la vulneración de sus derechos fundamentales.