El Gobierno tendrá que estudiar bien el uso de los fondos de la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) para mejorar los servicios hospitalarios. No basta con que la intención sea noble.

Hay un ingrediente legal que no podrá obviarse. Desde los predios oficiales se ha planteado que solo se dispondrá de los beneficios y no de los fondos en sí. Pero de todas formas expertos plantean que la utilización de los recursos va contra la Ley 87 de Seguridad Social.

De hecho, cuando en 2007 se pretendió usar fondos de los cotizantes de la seguridad social, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales prohibió, a través de la resolución 136, que se tocaran los recursos.

Tanto los procedentes como las objeciones son para que el Gobierno analice con mucho detenimiento el uso de los recursos para evitar un escándalo. Los hospitales requieren ser equipados y mejorados, pero las normas tienen que respetarse. Y por ahora es obvio que los fondos de la ARL han estado a buen resguardo.