Desde hace cierto tiempo he sostenido entre amigos que el Presidente Leonel Fernández y el PLD, bajo la música de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento del PBI, parecen estar llevando al país hacia un callejón sin salida por el lado de lo social y de lo institucional.
En efecto, durante el presente reinado de Leonel-PLD el ámbito institucional del Estado parece a punto de estallar, y la prensa recoge la cascada de escándalos que se destapa por cualquier lado de la gestión pública: la centralizada y la autónoma; en las áreas del Poder Ejecutivo y en las del Poder Judicial, en la burocracia civil y en el poderoso y costoso mundillo militar.
Los amortiguadores momentáneos de ese derrumbe institucional y ético son las incontables tarjetas de solidaridad, una inflada burocracia con generosos salarios, un creciente ejercito de asesores, consultores y ayudantes así como una formidable panoplia de subsidios a granel para todo el que pase y grite: ¡E palante que vamos!. Y, además, porque en un terreno sin ley ni autoridad a ciertos grupos poderosos tampoco les va mal, puesto que sacan siempre la mayor tajada y aprovechan las debilidades del estado para relanzar su estrategia de acumulación y dominio.
Esa entente que se va fraguando entre un poder político venal y segmentos sociales que le corresponden y sustentan, significa que podríamos estar asistiendo a una peligrosa fase de la evolución de la sociedad dominicana. Si un conglomerado social no tiene Estado que le garantice el respeto mínimo a sus propias normas y leyes, que se supone emanan de costumbres y valores compartidos, es decir, de una moral común, entonces caerá sin dudas en tierra del individualismo desaforado o la ley del más fuerte. No habrá estrategias colectivas, solo propósitos individuales y grupales para cuya satisfacción el respeto a cualquier norma legal es puro estorbo.
La infeliz sentencia sobre el caso Sund Land evacuada por la Suprema Corte; el dictamen vergonzoso emitido por el Juez Abreu a favor del nicaragüense del Caso Paya; el galimatías justificador de chanchullos de la inefable Cámara de Cuentas; el envío a casa de la Lubrano, y los 400 dominicanos engullidos por los tiburones en el Mar Caribe este año, etcétera, son parte de un mismo retablo de hechos que tipifican a un Estado a la deriva en una sociedad en descomposición.
Decía Emile Durkheim, hace décadas, que las sociedades en ese trance estaban afectada de anomia o mejor dicho, de una fuerte tendencia hacia la dispersión y la descomposición.
Si a la anomia le sumamos la anemia en términos de recursos tecnológicos, humanos y financieros para que el Estado pueda cumplir su delicada función de fiscalizador y regulador social, entonces el caso es más grave y estaríamos próximos a lo que hace años académicos conservadores estadounidenses bautizaron como estado fracasado . con todo y Metro.

