El poder es un adictivo al que pocos se resisten. Su potencial seductor en un escenario como el dominicano, de pocas oportunidades y donde resulta casi imposible experimentar progresos significativos con el trabajo independiente, treparse en el vertiginoso ascensor estatal es aspiración perseguida con frenesí por oportunistas que no están dispuestos a asumir el sacrificio que supone superar los apremiantes requerimientos de la cotidianidad asido con exclusividad de tus propias herramientas.

Dada esa combinación letal, donde se produce la convergencia apremiante de necesidades existenciales con ofertas mágicas desprovistas de grandes riesgos y que implican pocos esfuerzos, excepto la dosis de intrepidez y desprecio requerida para eludir lo que suene a principios y dignidad, casi todos prefieren colocar un pañuelo en sus narices, desviar sus miradas de focos pestilentes, hacerse los desentendidos ante obvias inconductas y continuar disfrutando de la pequeña o mayúscula proporción del pastel que su carencia de coraje les ha compelido a aceptar.

En ese designio ominoso ha radicado una de las causas de la dificultad que entre nosotros ha supuesto empujar el cambio necesario que muchos pregonan, pero pocos se muestran dispuestos a asumir las cuotas de desprendimiento y renuncias que tal empresa requiere.

Por eso se repite el círculo vicioso de cambios abruptos entre las proclamas previas al acceso al poder y conductas posteriores cuando se disfruta de sus bonanzas impunes. Han sido contados los casos de salidas decorosas del aparato gubernamental ante el surgimiento de órdenes, propuestas, contubernios o políticas públicas de los cuales se disiente. Lo normal ha sido la complicidad con las atrocidades y los intentos vanos por justificarlas, casi siempre a partir de las supuestas características ineludibles del ejercicio del poder, lo cual no es más que un subterfugio para ocultar cobardías.

Por eso me ha generado respeto y admiración la decisión de la Magistrada Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, en el sentido de no prestarse a participar en un concurso para determinar si después de 6 años en el cargo, puede continuar en el mismo por apenas 18 meses más.

Nadie se opone a los concursos, pero cuando se trata de un representante del Ministerio Público que casi cumple los dos períodos legales, lo procedente es evaluar su desempeño y a partir del resultado, decidir. Apoyo lo que ha hecho por evaluarlo como gesto enaltecedor y, sobre todo, escaso en un país donde prevalecen la genuflexión y mediocridad.