Los últimos 25 años del derecho dominicano han estado marcados por el crecimiento del derecho administrativo y el fortalecimiento de los procesos administrativos, como reacción a la lentitud y la incertidumbre en la Justicia dominicana. Empoderado por este crecimiento, los legisladores se han sentido alentados a sobre extender la capacidad administrativa de los entes reguladores del Estado.

Esta sobre extensión podría provocar un abrupto freno en la práctica administrativista y empujar a los actores económicos a nuevamente judicializar los procesos como mecanismo de control sobre los reguladores.

La nueva Ley de Mercado de Valores así como la Ley de Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo son los más recientes ejemplos, los cuales se suman a la expansión administrativa en materia de derecho de los consumidores, en el derecho tributario y también a la entrada en vigencia de la Ley de Protección a la Competencia.

La expansión regulativa va contra la estabilidad normativa
Desde la extensión de la capacidad sancionadora, los efectos probatorios de lo declarado por el regulador, la potestad de valorar la contratación libre entre partes, la delimitación del alcance de sus funciones, entre muchos otros aspectos que antes eran decididos en los tribunales, hoy están siendo sometidos a control de lo administrativo.

Más aún, y especialmente en sectores regulados, el sistema de recursos administrativos está establecido para desalentar la vía judicial, por lo que las decisiones de los entes reguladores tienden a sostenerse sin retos por temores a retaliaciones que pudieran o no ser infundadas.

Esto alienta el gigantismo administrativo para continuar su expansión a través de la modificación normativa.

Uno de los pilares no tan evidentes sobre el cual descansa el derecho administrativo es la estabilidad de las normas, ya que esto brinda predictibilidad para los sujetos regulados y credibilidad a las acciones del regulador.

La intensa expansión regulatoria a través de la modificación normativa opera en contra de este pilar y pudiera ser el evento que impulse el retorno hacia la judicializar las decisiones administrativas.