El Nacional
Los contratistas de obras del Estado llevan varios meses sin cobrar las cubicaciones por trabajos realizados en el área de la construcción, mientras los productores de programas que cobran publicidad estatal pasan por una situación similar con deudas acumuladas por decenas de millones de pesos.

Las dificultades para cobrar dinero de instituciones públicas se extiende a empresas que ofrecen otros tipos de servicios, así como personas que figuran en nóminas en condiciones de contratadas.

Periodistas, publicitarias, personal contratado, ingenieros, productores de programas llevan tres y más meses sin recibir las partidas correspondientes de las instituciones con las que firmaron contratos.

Las quejas se producen contra laDirección de Prensa y Publicidad de la Presidencia, Centro de Información Gubernamental, Oficina Supervisora de Obras del Estado, Obras Públicas, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Instituto Nacional de Agua Potable (Inapa), con cuyos contratistas y suplidores tienen deudas por decenas de millones de pesos.

Las deudas comenzaron a acumularse desde los meses finales del pasado año, cuando muchas instituciones públicas confrontaron dificultades al agotarse el presupuesto asignado y no disponer de recursos para cumplir con las obligaciones económicas.

En el área de comunicación, los atrasos oscilan entre tres y cuatro meses, siendo los más afectados publicitarias, periódicos y productores de programas de radio y televisión.

El 2008 fue un año electoral, en el que el presidente Leonel Fernández logró la reelección y los partidos de oposición denunciaron el uso de recursos estatales para la compra de voluntades, lo que aseguran es una de las causas de las cuantiosas deudas que tienen instituciones públicas con suplidores.

En el fragor de la campaña electoral del pasado año, muchas nóminas fueron aumentadas, así como contratas personales y para obras de infraestructura, pero después de agosto comenzaron las dificultades para cumplir con esos pagos.

No ha sido posible cuantificar el monto de la deuda que tienen las instituciones gubernamentales con suplidores y constructores, pero algunos de los afectados la estiman en cientos de millones de pesos

A los medios de comunicación llegan denuncias de personas que afirman fueron nombradas durante la campaña electoral, pero no pudieron cobrar; mientras otros alegan que sólo recibieron dos o tres cheques.

Como causa de promesas incumplidas y atrasos en pagos, un grupo de ex constitucionalistas durante la Guerra de Abril se mantienen en huelga de hambre en reclamo de que el Gobierno los pensione, tal y como aseguran les prometieron durante el proceso electoral.

En Santiago, Camilo Aracena Ortiz lleva dos días encadenado en el parque Duarte de Santiago, en reclamo de que en la Oficina de Transporte Terrestre cumplan con el pago de seis meses de salario que le adeudan.

Explicó que en la campaña electoral Franklin Beltré le prometió nombrarlo en ese organismo.