La rendición de cuentas es un pilar innegociable si aspiramos a un país donde su Gobierno sea transparente y enemigo de la corrupción. No es el caso de la República Dominicana; el PLD, convertido en un auténtico directorio que agrupa a empresarios enriquecidos en tiempo récord, ha gobernado más de diez años consecutivos poniendo muy pocas veces en práctica lo que ha prometido.

El actual presidente Medina no es la excepción. En marzo de 2012, a pocos meses de las elecciones presidenciales, prometió a los empresarios y la sociedad dominicana que de ganar los comicios, exigiría al Ministerio Público someter a la justicia a funcionarios que el “rumor público” los acuse de haber cometido actos de corrupción.

Tres años después, la amnesia política del mandatario es un hecho, pues decidió no “tirar piedras al pasado”. Prueba de ello es que, ex funcionarios del PLD, acusados de corrupción, se les premia con designaciones en comisiones del partido oficial para hacer las negociaciones de las alianzas electorales.

En esa oportunidad Medina también prometió que dotaría de fortaleza financiera e independencia a la Cámara de Cuentas, además de profesionalizar la Contraloría General de la República y las comisiones de ética; todas promesas incumplidas, hoy estamos peor que ayer, y mañana, de continuar el PLD en el poder, será aún más negativo el panorama.

Un ejemplo contundente de cómo el PLD no tiene el más mínimo interés en cumplir la ley es que una ínfima parte de funcionarios elegidos y designados han presentado su declaración jurada de bienes. De hecho, a la fecha, de los 1,390 funcionarios que han debido presentar a la Cámara de Cuentas su declaración jurada de patrimonio, solo 144 lo han realizado, es decir, un paupérrimo 10.3%. Incluso, la Cámara de Cuentas ha publicado avisos exigiendo el cumplimiento de la ley, pero estas advertencias han caído en el vacío.

La Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio es clara. Quienes no presenten su declaración enel plazo establecido, el cual ya está ventajosamente vencido, serán sancionados con prisión y multa, incluyendo, la destitución del cargo que ocupan.

El PLD no quiere un régimen de consecuencias que fortalezca la debilitada institucionalidad democrática. Existen leyes pero no se aplican. Sobran discursos pero faltan acciones.Dicen tener voluntad pero esta brilla por su ausencia. La corrupción es el cáncer de un modelo agotado.