El Poder Ejecutivo sometió a las 10:55 de esta mañana el proyecto de Ley de Naturalización, a través de la Cámara de Diputados, el cual busca resolver los problemas a las personas afectadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Contitucional, sin contradecirla, según declaró el Consultor Jurídico, César Pina Toribio, quien la entregó junto al ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, en nombre del presidente Danilo Medina. La pieza le fue entregada al presidente de los diputados, Abel Martínez Duran, por los funcionarios quienes llegaron al Congreso a las 10:45 de la mañana y diez minutos después lo entregaron al titular de la Cámara Baja.
Pina Toribio declaró que el proyecto del presidente Medina es el resultado “de largas visitas a todos los dirigentes de diferentes corrientes políticas, buscando una solución armoniosa y humanitaria a los afectados por el fallo del Tribunal Constitucional, sin contradecir esa sentencia”.
Toribio declaró que espera que los legisladores, al igual que la ciudadanía, respalden esa iniciativa del Poder Ejecutivo, que viene a solucionar un conflicto social. El diputado Martínez dijo que la pieza fue consensuada porque fueron escuchados todos los sectores buscando una solución salomónica a este problema de miagración.
Expresó que junto a los diputados tomará una decisión en torno a si remite la pieza a una comisión especial o a una permanente. Junto al presidente de la Cámara Diputados recibieron la comisión gubernamental los voceros de las bancadas de diputados del PLD, Rubén Maldonado, y del PRD, Radhamés González, así como el reformista Marino Collante Gómez, el peledeísta Radhamés Camacho y el perredísta Hugo Núñez.
El primer mandatario, para la Ley de Naturalización buscó el consenso con los ex presidentes Leonel Fernández y Hipólito Mejía, así como con Miguel Vargas, el presidente del PRD, Federico Antún Batlle, del PRSC, Marino Vinicio Castillo, de la FNP, Luis Abinader, el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y otras personalidades.
La Ley de Naturalización es mandataria de la sentencia 168-13, del Tribunal Constitucional, por la cual la República Dominicana fue sometida ante el Comité Interamericano de los Derechos Humanos (CIDH) y recibe presiones de gobiernos de países que integran el Caricom, así como de organizaciones civiles defensores de los derechos humanos.
La sentencia 168-13 del TC también dispuso una regularización de extranjeros y que la Junta Central Electoral realice una auditoría de extranjeros desde el 1929 hasta fecha.
Muchas conjeturas se han presentado en torno a lo que será el proyecto de Ley de Naturalización, la más socorrida es la que establecerá un reconocimiento a los extranjeros residentes en la República Dominicana y que ya tienen algún tipo de documentación. Se dice que en aquellos casos en que los extranjeros estén indocumentados entonces tendrán que someterse a una naturalización.
El ministro de Interior y Policía dijo ayer que el proyecto de Ley de Naturalización estaba listo y lo definió como patriótico, y advirtió que los que no quieran someterse a esa ley “que se vayan para su país”.
La sentencia ha tenido mucho apoyo, pero también muchas críticas mediáticas, incluso en el Consejo Nacional de Migración tampoco hubo consenso entre los ministros, por lo que el presidente Medina decidió hacer un periplo de consulta.
Al parecer el presidente Medina se había quedado aislado, sin el respaldo de la clase política y la Iglesia, para aplicar una Ley de Naturalización que plantearía un reconocimiento del estatus migratorio de los “haitianos ilegales” que reclaman la nacionalización dominicana, debido a que con cada uno de los que se reunió ofrecieron respaldo a la sentencia del TC, exceptuando el expresidente Mejía.
Para los que defienden la sentencia del TC, que fue una ratificación de la sentencia evacuada por la Suprema Corte de Justicia del 2005, presidida por Jorge Subero Isa, reconocer el estatus de los indocumentados, en una nacionalización de los casos tratados por la alta corte, significaría que el país se auto incrimina frente a organismos internacionales.
Carta enviada por presidente Danilo Medina al Congreso