Las faltas que motivaron la cancelación de un juez de San Pedro de Macorís no pueden ser más asombrosas. Según el dictamen del Consejo del Poder Judicial, Efraín Silva Mercedes, del Tribunal de Ejecución de la Pena de la Persona Adolescente, no pudo justificar bienes que no se corresponden con sus ingresos.
Pero como Silva Mercedes, quien llevaba 17 años de juez, ha calificado su destitución como un abuso de poder, el caso debe dilucidarse con todas las de la ley. Atribuyó su destitución a un supuesto plan orquestado desde hace tiempo por la doctora Rosalinda Richiez, con el apoyo del inspector al servicio del Poder Judicial, Alvis Cuevas.
El caso es que si se sospecha de enriquecimiento ilícito, como se deduce de la investigación, no basta entonces con la destitución del magistrado, sino que debería sometérsele a la justicia. De no ser así, resulta censurable que sean las propias autoridades las que manchen la conducta de un miembro del Poder Judicial para justificar su destitución por supuestas faltas disciplinarias.
El Nacional
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