Durante años la Asociación Dominicana de Profesores controló el sistema educativo sin aportes sustantivos; más del 60% de los cargos docentes y administrativos estuvieron en sus manos gracias al clientelismo político.

La entidad que agrupa a los maestros no está dispuesta a perder las “conquistas” de los últimos años, principalmente en estos momentos que el Ministerio de Educación tiene el mayor presupuesto del Estado; un 4% del PIB, más de 153 mil millones de pesos, logrado, no por la ADP, sino por el pueblo a través de organizaciones civiles y políticas.

En gran medida el gremio magisterial es responsable del desorden que había con maestros que no trabajaban, pero cobraban religiosamente, “pensiones” fantasmas, etc., porque controlaban el aparato educativo incluyendo al ministro que debía subordinarse a los intereses de los dirigentes de la ADP.

Esa situación ha ido cambiando paulatinamente, sobre todo con la llegada de Andrés Navarro, generando grandes enfrentamientos con los grupos que se beneficiaban de las distorsiones y el desorden que por años ha caracterizado el anacrónico sistema educativo dominicano.

El problema fundamental está en el dinero, en el 4%; en los 153 mil millones de pesos que recibe Educación que el ministro trata de invertir con transparencia bajo la vigilancia permanente de organismos nacionales e internacionales, desvinculándose de actividades impropias que servían para alimentar la corrupción.

No se concibe que tanto dinero no esté disponible para el clientelismo y el paternalismo, para la nominilla, para la repartición grado a grado de contratas, para suplidores diversos que obtenían grandes beneficios que se repartían con determinados funcionarios del área administrativa.

¡Ese es el problema!

La excusa de que el ministro Navarro quiere privatizar la educación y que tiene un proyecto político personal –a lo cual tiene derecho- resulta ridícula y absurda, pues de ser así estaría arrodillado ante la ADP; de ser cierta la acusación no estaría promoviendo los concursos de oposición ni premiando a los maestros con incentivos salariales después de ser evaluados por técnicos del país y del extranjero.

Los concursos de oposición democratizan el sistema y estimula el estudio y la superación del personal docente, lo cual permite, por primera vez en estos años, que cualquier maestro o técnico ocupe posiciones importantes a partir de sus conocimientos académicos y docentes, no de su militancia política, de su religión o color de piel.