Los organismos internacionales, persisten en que la República Dominicana otorgue la nacionalidad a los hijos de haitianos nacidos aquí, olvidando que sus progenitores residen en el país en forma irregular y que son ciudadanos que están en tránsito, conforme a la Ley de Leyes, situación juzgada en forma definitiva por el tribunal constitucional, mediante la sentencia que define quienes son dominicanos.

A propósito del tema en cuestión, el jurista Manuel Bergés, hijo hace las siguientes reflexiones: “los jóvenes haitianos que responden a los nombres de Civile de 21; Eogane de 11; y Bienamme de 15 años todos hijos indocumentados de haitianos ilegales, aunque nacieran en Enriquillo, Los Blanco, Paraíso, Barahona, permanecen haitianos y no son apátridas porque la Constitución haitiana en su Artículo 11, expresa: “son haitianos, los hijos de haitianos, donde quiera que nazcan”.

El hecho de que ninguno de ellos posea una partida de nacimiento, no es culpa ni del Estado dominicano ni de ninguna otra institución de RD o persona, sino de las propias autoridades haitianas quienes no dotaron, por las razones que sean, a los padres de esas criaturas de su correspondiente identificación, de manera que nadie y mucho menos un dominicano, puede con sentido patriótico reclamar que esos jóvenes o ya adultos, sean o se consideren dominicanos,

Se comenta que en igual situación, se encuentran unos 300 mil haitianos, a quienes el Gobierno haitiano tiene que identificar como tales, pues son sus compatriotas, y el Gobierno dominicano, ante su presencia en RD, aplicar la ley para los extranjeros para obtener como tales, algún tipo de documentación dominicana, ellos deben irse junto a sus padres a su país y/o ser repatriados y desde allá solicitar su residencia, si desean residir en RD.

Como esa es la ley, aunque no acomode a los malos dominicanos, tenemos que aplicarla y no buscarle la vuelta para evadirla. A los poderosos locales e internacionales, nunca les gustó la valiente sentencia que como acto de soberanía dictó el Honorable Tribunal Constitucional, y como no les satisfizo, idearon, presionaron y obligaron al sumiso Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo a emitir y aplicar la Ley 169-14, tratando de evadir así, el cumplimiento erga omnes de la sentencia TC/168-13.