Un inexplicable misterio rodea el incumplimiento de pago por parte de 31 empresas de zonas francas, de créditos avalados por el Estado mediante una ley de 2007, por mil 200 millones de pesos, que el Gobierno ha tenido que pagar casi en su totalidad a la banca comercial.

El Gobierno ha erogado más de 500 millones de pesos en amortización de capital e interés de esa deuda, contraída por 32 instalaciones industriales, de las cuales sólo una ha cumplido el compromiso contraído.

A causa de la crisis que afectó las zonas francas en 2007, por el final del Acuerdo Mundial Multifibras y la apertura del mercado de Estados Unidos a las exportaciones procedentes de Asia, el presidente Leonel Fernández creó mediante decreto 201-07 una Comisión oficial de apoyo a ese sector, presidida por el secretario administrativo de la Presidencia.

Al mes siguiente, el Congreso aprobó la ley 174-07 que autorizaba a la Secretaría de Hacienda a suscribir un aval financiero con la única finalidad de garantizar los préstamos que otorgarían los bancos comerciales a las empresas de zonas francas de los sectores textiles, confección, pieles y calzados, por un monto de hasta mil doscientos millones de pesos.

Lo que comenzó como un loable esfuerzo del Estado para asistir a un sector industrial en apuros financieros, ha degenerado en un descomunal acto de irresponsabilidad, porque el Estado ha tenido que cargar con una deuda de más de mil millones de pesos, sobre la cual 31 de las 32 empresas beneficiadas no han pagado ni un solo centavo.

La entonces Secretaría de Hacienda cumplió con una ley que le ordenaba suscribir un aval financiero, a favor de esos negocios, cuyos propietarios al parecer nunca tuvieron la más mínima intención de cumplir con sus compromisos.

Los bancos acreedores exigieron al Gobierno la apertura de cartas de crédito, que fueron activadas al vencerse el plazo de pago. En adicción a eso, si las autoridades rechazaban honrar ese compromiso tendrían que confrontar al Fondo Monetario, se reduciría la calificación de riesgo país y también impediría posterior colocación de bonos internos y externos.

Ante el incumplimiento de pago a la banca comercial, el aval que otorgó el Gobierno se ejecutó de manera automática y se convirtió en deuda pública, por lo que al Ministerio de Hacienda le asiste derecho y obligación de reclamar en justicia la devolución de ese dinero que es dinero de los contribuyentes.

Ante tan vergonzoso episodio, el sector productivo está obligado a reflexionar sobre la pertinencia de rediseñar un tipo de relación con el Estado y el Gobierno transparente, libre de irritantes privilegios o de chapucerías como la que aquí se denuncia y se censura.