El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) inició ayer el proceso para elegir al presidente y a cinco miembros del Tribunal Constitucional, que concluirán gestión el 27 de diciembre, escogencia que implica singular compromiso histórico en el que debe participar de manera activa toda la sociedad.

Entre los jueces que serán reemplazados figura el doctor Milton Ray Guevara, titular de esa alta corte, sobre quien el presidente Luis Abinader dijo que para el CNM constituye un reto identificar un sustituto que reúna sus calidades académicas y éticas.

Desde su integración por mandato de la Constitución del 2010, el Tribunal Constitucional ha sido fiel escudero de la Carta Magna al inhabilitar leyes, decretos, ordenanzas o resoluciones que colisionan con el Texto Sustantivos o violentan derechos inalienables.

Se resalta la histórica sentencia 168-13 que validó la negativa de otorgar la nacionalidad a hijos de padres extranjeros en tránsito, al definirla como acto legítimo de soberanía fundado en la normativa constitucional, al tiempo que declaró como violación a derechos fundamentales la tardanza del Estado en solucionar irregularidades en otorgamiento de actas de nacimiento.

Aun cuando el proceso de escogencia de magistrados de las altas cortes no puede desligarse del escenario político, sería más que una tragedia que se persista en el uso de la mayoría absoluta o relativa en el CNM para imponer designaciones por intereses partidarios, corporativos o por amiguismo.

La Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional podrían identificarse como de mayoría de jueces liberales o conservadores, pero siempre con la máxima garantía de que están instituidos por letrados de larga experiencia y de absoluta conducta de probidad, rectitud, integridad y vocación de servicio.

El presidente Luis Abinader y demás integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura tienen el altísimo compromiso de encender la linterna de Diógenes para poder seleccionar a seis honorables magistrados, incluido al próximo presidente del Tribunal Constitucional, entre un grupo de postulantes, con valía profesional y personal.

Lo que la sociedad dominicana reclama y espera merecer es que ni partidarismo, distribución conveniente de nombramientos o tipos de presiones corporativas manchen el proceso de selección de nuevos jueces en la excelsa instancia jurídica de defensa, custodia y preservación de la Constitución de la República.