El presidente de la Cámara de Cuentas informó que hoy entregará a la Procuraduría General de la República una relación de 1,700 funcionarios que no presentaron declaración jurada de bienes como establece la ley 111-14, los que podrían ser sancionados hasta con la destitución.

Aunque el número de servidores públicos que no cumplieron con ese requisito legal sobrepasa los tres mil, el doctor Hugo Álvarez Pérez dijo que los restantes corresponden a legisladores, alcaldes y encargados de distritos municipales, contra quienes se procedería de acuerdo con la ley.

Los ministros y viceministros entregaron sus declaraciones de bienes dentro del plazo extendido en diez días por la Cámara de Cuentas, por lo que el documento que se remitirá a la Procuraduría corresponde a directores generales, encargados de compras y otros funcionarios de menor rango.

Llama la atención que gente recién nombrada en puestos oficiales donde se manejan presupuestos, rehúsen cumplir con la ley, a sabiendas de que podrían ser destituidos, porque es difícil creer que esos empleados ignoren el alcance de ese estatuto.

Los funcionarios salientes que tampoco entregaron declaración de activos y pasivos, deberían saber que en sus casos se invierte el principio de presunción de inocencia por la presunción de que han incurrido en anomalías, y que como tales, serían tratados por el Ministerio Público.

Los 1,700 empleados del gobierno central que no entregaron el documento de referencia tendrán que vérselas con la Procuraduría, por lo que es conveniente que el Ministerio Público comience a amolar el cuchillo de la ley.

Funcionarios altos o de menor rango que no actualizaron sus papeles ante la Cámara de Cuentas, posiblemente serán sometidos a largos interrogatorios por fiscales anticorrupción que desde ya recolectan documentos en la Jurisdicción Inmobiliaria, Impuestos Internos, Superintendencias de Banco y de Valores.

Negarse a entregar la requerida declaración jurada de bienes ha sido para esos violadores de la ley un gran error, porque ahora las autoridades están compelidas a actuar contra mansos y cimarrones, por aquello de que no es lo mismo anunciar la llegada de Lucifer que verlo llegar.