Los dominicanos festejamos hoy los 207 años del nacimiento del patricio Matías Ramón Mella y el lunes el 279 aniversario de la proclamación de la Independencia Nacional, trascendentes efemérides que convocan a reflexionar sobre el difícil momento que vive el país con su soberanía aguijoneada por grandes metrópolis que pretenden revivir el inaceptable principio de isla única e indivisible.
Para la mayoría de los hijos de Duarte, esa pretensión que mantuvo Boyer por 22 anos sería hoy una quimera, pero es importante señalar que desde finales del siglo pasado, Estados Unidos, Canadá, Francia y en cierta medida la Unión Europea, consolidan la pesarosa idea de forjar una cooperativa de miseria en la Isla Hispaniola.
En poco mas de 20 anos Haití se ha degradado, no solo a la condición de Estado fallido, sino también a un territorio matizado por hambruna, violencia y proliferación de epidemias y plagas fitosanitaria, y abandonado a su suerte por la comunidad internacional.
El Estado dominicano ha reclamado a las potencias y organismos multilaterales acudir en auxilio del vecino, pero la indiferencia ha sido respuesta a la par con la puesta en ejecución de un plan macabro consistente en obligar a República Dominicana a ejercer el papel de cirineo de Haiti, con el estratégico propósito que la inmigración desenfrenada conlleve a la fusión.
Se admite que el presidente Luis Abinader ha mantenido un discurso sostenido de rechazo a tales pretensiones, incluso acompañado de medidas como el inicio de la construcción de un muro, con el envío de más tropas para proteger la frontera, pero desde el Gobierno también se juega a reproducir la estrategia foránea de aguijonear la soberanía nacional.
Una troika de funcionarios provenientes de la sociedad civil se escabullen en la burocracia oficial para promover la agenda antinacional, lo que eficientemente ejecutan a través de sendos discursos, uno de los cuales acusa de racistas y homofóbicos a quienes rechazan el desenfreno migratorio, y el otro que promueve un cínico humanismo o defensa de los derechos de ciudadanos víctimas de trata de personas.
Sabiamente, el presidente Abinader retiró del Congreso un proyecto de génesis imperial que al igual que otras iniciativas del Departamento de Estado, ONU, OEA y Ginebra, procuran obligar al pueblo y gobierno dominicanos a cargar la pesada cruz haitiana, pero miembros de su gabinete conspiran en la intención de envolver ese despropósito en papel de supuesta protección a derechos fundamentales.
Seguramente el jefe de Estado se referirá mañana a tan espinoso tema, pero incurriría en grave error si acepta el planteamiento de esos funcionarios basados en insistir en una iniciativa legislativa inaplicable en un país único en el mundo que tiene como vecino una bomba atómica social y política.