El artículo 55 de la Constitución de la República prohíbe el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, pero algunos sectores consideran que las autoridades dominicanas no pueden garantizar el respeto a ese postulado.

Señalan que la debilidad institucional y el “protagonismo militante” de la legación diplomática de Estados Unidos en el país “hace vislumbrar lo peor”.

Advierten sobre los daños psicológicos y sociales que esa medida podría acarrear en el comportamiento de los dominicanos.

“El peligro aparenta real, a pesar del mandato constitucional”, asegura el coordinador general de la Pastoral Juvenil de la Iglesia Católica.

“En cualquier momento pueden pasarle por encima la Constitución, a las leyes y hasta a la misma gente que les dieron su voto”, expresó el religioso.

“Nuestro país no cuenta con el apoyo de las autoridades, sobre todo el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, porque se dejaron torcer el brazo en el tema del aborto y, de seguro, en este asunto, terminarán siendo más complacientes”, siguió diciendo el sacerdote.

Rosario consideró que la esterilización de las mujeres, la distribución de preservativos, la legalización del aborto y el matrimonio gay “forman parte de un paquete de acciones para el control de la natalidad del moderno corte colonialista”.

“Se presentan también paradigmas de inconductas sexuales y se negocia con los gobiernos la implementación de políticas públicas a través de leyes contrarias a la dignidad humana”, precisó el religioso.

Los evangélicos

Fidel Lorenzo Merán, el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), advirtió al Congreso Nacional que esa institución está vigilante ante los intentos de introducir al país nuevas figuras jurídicas como un “pacto de convivencia común” para tratar de aprobar en leyes adjetivas el matrimonio homosexual.

Explicó que existe la intención de colocar esa figura en el Código Civil, “para cumplir con compromisos de un plan internacional que busca adecuar las legislaciones latinoamericanas a estos pactos de convivencia común”.

“Se quieren usar figuras jurídicas como se ha hecho en otros países de América Latina, sin usar la palabra matrimonio para que no haga colisión con la figura constitucional del matrimonio, pretendiendo engañar”, dijo.

Reveló que el Codue iniciará un proceso de consultas a nivel nacional para orientar a su liderazgo sobre las amenazas jurídicas internacionales en contra del matrimonio entre un hombre y una mujer.

Alberto Ramírez, rector de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), circunscribió su opinión sobre el tema al contenido de los textos bíblicos.

“La Biblia es el manual que rige la conducta de los seres humanos y nos sujetamos y nos regimos por lo que dice la Biblia sobre ese tema”, dijo.

“Respetamos lo que cada quien quiera hacer, pero no podemos permitir que nos quieran imponer lo que otros quieran que seamos”, manifestó el ejecutivo universitario.

Una aberración

Juan Ávila, presidente de la Federación de Padres de Niños en Colegios Privados y Escuelas Públicas (Fedepadres) considera el matrimonio gay como una aberración similar a los tiempos de Sodoma y Gomorra.

Advirtió sobre los daños psicológicos y sociales que puede provocar en los niños la proliferación de parejas de homosexuales y lesbianas.

“Debemos tomar en cuenta los trastornos emocionales, psicológicos y de conducta en un niño criado en un hogar compuesto por dos hombres o dos mujeres”, afirmó Ávila.

“Esto es una locura, porque los niños se nutren de las conductas aprendidas”, precisó. “Si nos sometemos a ese desorden, podemos decirle adiós a una nación de personas socialmente constructivas y familias sanas en todos los sentidos”, siguió diciendo.

Ningún peligro

Magda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Género de la Cámara de Diputados, consideró que el Congreso Nacional no puede promover iniciativas que choquen con los mandatos de la Constitución.

Manifestó que, como consecuencia, no existe en las cámaras legislativas ninguna iniciativa que implícita u explícitamente procure legalizar las uniones entre homosexuales y lesbianas.

“No podemos avanzar más allá de lo que la Constitución nos permite en este tema, en este momento”, manifestó la congresista, representante del Partido de la Liberación Dominicana.

“La Constitución es explícita cuando habla del matrimonio entre un hombre y una mujer”, precisó.

Otras posiciones

En medio de la discusión sobre el tema, no faltan los sectores que respaldan la unión legal entre parejas del mismo sexo.

Celedonio Jiménez, exdirector de la escuela de sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), defendió el derecho de esa comunidad a unirse en matrimonio.

Afirmó que el matrimonio gay es una “realidad indiscutible” y que ignorarla o posponerla “no es una posición recomendable”.

“El matrimonio gay vendría a regularizar una expresión hasta ahora no aceptada, implicando ello la sincerización y formalización de una nueva versión dentro de la estructura familiar en el país”, manifestó.

Consideró que los homosexuales y las lesbianas son humanos, son sujetos con derechos, por los que pueden y deben luchar, “con madurez y altura”.

“Deben reclamar sus derechos con madurez y altura, desechando estridencias, extravagancias y exhibicionismos innecesarios ganarán el respeto del gran conglomerado consciente de la sociedad”, manifestó.

Explicó que la sociología enseña que las instituciones son objetos de modificaciones producto de los cambios que experimenta la sociedad y de las demandas y situaciones complejas a que la misma se ve sometida.

Leonardo Sánchez, Director Ejecutivo de Amigos Siempre Amigos, una organización que agrupa a homosexuales, consideró que reconocer las uniones de personas del mismo sexo sería ratificar que, verdaderamente, República Dominicana avanza hacia el desarrollo y es una nación que garantiza los derechos ciudadanos.

“Sería garantizar para todos y todas una verdadera justicia. Sería romper con la costumbre de imponer los preceptos de una minoría sobre el resto de la población”, opinó.

Sánchez, psicólogo e investigador, considera que ningún ciudadano dominicano debe perder sus derechos fundamentales simplemente por ser diferente “a como una minoría impone que sea”.

Considera que el país debe estar a la altura de las naciones que otorgan de garantías civiles y sociales de forma igualitaria.