Imposible aceptar como bueno y válido la expulsión por la fuerza de centenares de haitianos perpetrada por juntas de vecinos de los barrios San José y La Mina, de Santiago, porque se trata de una acción ilegal que no merece ningún tipo de aliento social.

Ninguna excusa pueden argüir vecinos de esos sectores para pretender aplicar la ley por propia cuenta, sin entender que con ese proceder deleznable se causa gran daño a la imagen de República Dominicana en el exterior.

Ni aun ante la inercia de la Dirección de Migración, que ha debido imponer control en esas barriadas, a sus residentes les asiste derecho alguno de poner en desbandada a haitianos ilegales o legales.

El presidente de la junta de vecinos de San José y La Mina, José Francisco Consuegra, declaró que esas expulsiones masivas de haitianos era la mejor forma de limpiar a nuestros barrios de esa gente, lo que desvela un claro tinte de xenofobia.

Aunque el dirigente comunitario afirma que los haitianos que trabajan o estudian no fueron extrañados, se insiste en señalar que la expulsión de extranjeros, indocumentados o no, de esas barriadas constituye un acto delictuoso, en razón de que a ningún particular le asiste derecho a aplicar la ley.

La mayor responsabilidad en este drama que parece expandirse hacia otros barrios y comunidades del Cibao y la región Sur, recae sobre las autoridades, que no han sido diligentes ante denuncias de sobrepoblación de indocumentados, algunos de los cuales incurren en la comisión de crímenes y delitos.

Se deplora la indiferencia mostrada por Policía, Migración y Fiscalía, que no impiden tales expulsiones, pero tampoco intervienen ante el hecho de que los comunitarios liberaron a unos 70 niños haitianos encerrados en una pensión a los que adultos haitianos obligaban a mendigar en las calles.

Quienes sacan por la fuerza a ciudadanos haitianos de barrios y sectores residenciales, se colocan al margen de la ley, por lo que deben ser apresados y responder ante los tribunales por una acción delictuosa y deleznable.