El gobierno realiza con descaro prácticas represivas que, además de abominables, son ilegales. Por su lado, la Confederación Patronal considera excesivos los beneficios sociales que reciben los trabajadores, a pesar de que la acumulación de capitales sigue siendo estimulada a través de salarios deprimidos, precarias condiciones de trabajo y desconocimiento del derecho a la organización y a la protesta.

Este panorama define un orden sustentado en la coerción de clase.

Agentes policiales (algunos de ellos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas y acompañados por militares), y miembros de la Autoridad Metropolitana de Transporte, propinan golpizas en plena calle o en el interior de los cuarteles, casi siempre a detenidos que han sido esposados y que no pueden ni forcejear.

Esos agentes son sólo ejecutores. Reciben órdenes directas de sus jefes, quienes forman parte de estructuras de poder en las que tienen participación protagónica los dirigentes del sistema político.

¡Ni el beneficio del respeto a la vida tienen los trabajadores dominicanos, de quienes la presidenta de la Confederación Patronal, Marisol Vicens, dijo el pasado día 30 que reciben beneficios excesivos!

En cuanto al beneficio económico, el salario mínimo de ley en las empresas con mayor capital, es inferior a 8,500 pesos, y el costo de servicios como la energía, el agua potable y la comunicación telefónica superan, en suma, los tres mil pesos por mes. ¿Es una situación de excesiva protección?

Para Vicens, los beneficios sociales son una carga para industria dominicana, y la hacen menos competitiva que sus iguales de Centroamérica.

Hay que decir que, en países como El Salvador, Guatemala y Honduras, las dictaduras militares mantuvieron el salario deprimido a beneficio de la oligarquía, que utilizaba la coerción extraeconómica (la fuerza de los militares entrenados para la contrainsurgencia), y la pobreza y el desempleo han hecho el resto tras la implantación de la democracia.

En Honduras, la oligarquía dio un golpe de Estado en junio del año 2009, entre otros motivos, por la imposición de un salario mínimo superior. En Nicaragua, la pobreza centenaria permite pagar a precio vil a la fuerza de trabajo.

¿Competitividad y sobreexplotación van, acaso de la mano? ¿No es suficiente para el sector patronal dominicano el salario deprimido y la herencia de un bajo nivel de organización sindical, logrado mediante la represión y el soborno? ¿No registra que en 1984 las fuerzas represivas mataron decenas de civiles para salvaguardar los intereses del gran capital con la imposición de los ajustes del FMI? Lo registra, pero trata de renovar el compromiso. El sistema político preserva las ganancias del capital y mantiene a las mayorías entre la vulnerabilidad y la miseria… ¡Eso es abuso!