Editorial Opinión

Incalificable atropello

Incalificable atropello

La violencia ejercida por policías contra el titular de la Defensoría del Pueblo y funcionarios de esa institución se corresponde con el inusitado interés de autoridades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre  (Digesett) por ocultar el mayúsculo desorden en el centro de retención de vehículos del canódromo.

El doctor Pablo Ulloa, quien ostenta una función pública con rango constitucional para velar por la prevalencia de los derechos humanos, acudió  a inspeccionar ese lugar en atención a denuncias sobre inconvenientes de conductores para recuperar sus vehículos incautados.

Ulloa denunció que personal  de la Digesett, encabezado por  la  directora del canódromo, coronel Isabel de los Santos, trataron de impedir por la fuerza que cumpliera  con la misión de constatar las irregularidades denunciadas.

Un video del incidente muestra cuando un individuo sin uniforme  golpea fuertemente en la cabeza al secretario general de la Defensoría del Pueblo, Harold Modesto, quien sufrió una cortadura en la boca.

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Los mastodontes del canódromo también la emprendieron contra periodistas que cubrían la visita del Defensor del Pueblo a esas instalaciones, a quienes despojaron de sus equipos y los expulsaron  a empujones del lugar.

Se trata de una violación flagrante a la Constitución de la Republica en la persona jurídica del Defensor del Pueblo, que cumplía una misión de inspección en un lugar que alberga miles  de vehículos incautados sin ningún control ni seguridad para  sus propietarios.

El director de la Policía Nacional y el encargado de la Digesett están compelidos a  sancionar a los oficiales y subalternos abusadores que incurrieron en esa incalificable agresión contra  el Defensor del Pueblo y la prensa, además del sometimiento por ante los tribunales que  encaminará el doctor Ulloa contra  esos agresores de los derechos ciudadanos.

La ocasión es propicia para que, ante tan indignante atropello, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público investiguen a profundidad el evidente desorden prevaleciente en ese centro de retención de vehículos, a los fines de identificar los macos y cacatas.

El Nacional

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