Por Pedro P. Yermenos Forastieri
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De la OEA, sobre todo presidida por Luis Almagro, quien, para cuando ocurrieron los hechos que determinaron la suspensión de las elecciones de febrero, buscaba su reelección, no se descarta nada. Por eso, su informe a propósito de las causas de dicho acontecimiento deja sensación de ambigüedad, como queriendo llegar solo hasta donde todo pudiese quedar como si nada grave ocurrió y puede subsanarse con superficialidades. Cierto es que no fue así, sino todo lo contrario.
Otorguemos el beneficio de la duda a esa especie de recurso salomónico. Analicemos su contenido y lo que ha sucedido después de ser emitido. Tres aspectos quiero resaltar: El informe atribuye la responsabilidad al departamento de informática de la JCE; enfatiza en que nada explica que medidas elementales que debían ser tomadas no hayan sido aplicadas y consigna que no pudo detectar pruebas de sabotaje o fraude.
Lo segundo, se pone de manifiesto en el siguiente párrafo: “no existe justificación alguna para no haber implementado un protocolo de control de calidad que contemplase el clonado y la personalización de las urnas, ni explicación para la inexistencia de un plan de pruebas (testing) adecuado, que pudo haber detectado la falla a tiempo y, así, evitar esta situación inédita para el país.”
Surgen preguntas de manera natural: ¿Puede el pleno del organismo eludir su responsabilidad ante un comportamiento de tal magnitud de negligencia por el referido departamento de informática? ¿No tenía ese pleno un deber de control, supervisión y fiscalización de las actividades de un área tan sensible? ¿Es concebible que ese departamento, ante cambios en la composición de boletas resultado de sentencias del TSE, no advirtiera al pleno que el tiempo para la clonación y personalización de los colegios electorales podría resultar insuficiente? ¿En cuál institución, una de sus dependencias comete errores de esa envergadura, que produjeron las consecuencias terribles que se han generado y su dirección mayor no resulta comprometida?
Pretender que esta historia finalice con un irrisorio lamento del presidente de la entidad y el despido del director de informática, no es solo hacer romper el lazo por su parte más delgada, sino un gesto de irresponsabilidad de los integrantes del pleno que debieron anunciar su dimisión desde que culmine el proceso electoral en curso.
¿Qué no hubo fraude ni sabotaje? ¿Cuáles garantías tenemos de que esos “errores humanos” fueron inocentes y que no son, en sí mismos, la prueba del crimen?

