General P.N. Y Coronel P.N.

¿Qué opinan de los linchamientos que hacen ciudadanos de delincuentes que los atacan?

Lo primero es que somos frontalmente opuestos a los linchamientos de supuestos delincuentes y criminales ya sean a manos de ciudadanos o autoridades. El Estado, por medio de sus organismos oficiales, tiene el monopolio de la administración e impartición de justicia penal. Entonces los ciudadanos, ya sea juntas de vecinos o particulares, que tengan conocimiento de violaciones a la ley penal, están en la obligación de dar parte a las autoridades y en los casos en que apresen a supuestos delincuentes, deben entregarlos a las autoridades correspondientes.

Esa facultad está contenida en la Ley No. 76-02 (Código Procesal Penal), en su artículo 224, Arresto. La Policía debe proceder al arresto de una persona cuando una orden judicial así lo ordene. La Policía no necesita orden judicial cuando el imputado: 1) Es sorprendido en el momento de cometer el hecho punible o inmediatamente después, o mientras es perseguido, o cuando tiene objetos o presenta rastros que hacen presumir razonablemente que acaba de participar en una infracción. En el caso del numeral 1 de este artículo, cualquier persona puede practicar el arresto, con la obligación de entregar inmediatamente a la persona a la autoridad más cercana.

El problema de la justicia por sus propias manos, es que lejos de ser justicia, es una injusticia, porque es un acto violatorio de todos los derechos elementales y del debido proceso de ley. El problema de los linchamientos surge, debido a las debilidades del aparato judicial, en casos en que los ciudadanos ven con pasmosa incredulidad cómo delincuentes confesos y cuyo accionar diario es delinquir, recobran tan fácilmente la libertad y vuelven a azotar las mismas comunidades que los han denunciado.

¿Por qué los ciudadanos están dispuestos a ceder derechos a cambio de seguridad pública?

Se trata precisamente de una de las problemáticas de seguridad pública más fundamentales. Ante el temor del avance de la delincuencia, los ciudadanos dan a entender y a veces lo declaran públicamente, que prefieren mano dura que restrinja y hasta vulnere los derechos fundamentales consagrados en las Constituciones, para de ese modo obtener mejores índices de seguridad ciudadana.

Este era el trabajo de los gobiernos de fuerza durante toda la Guerra Fría. Controlando el avance del comunismo y el crecimiento de las izquierdas, se controlaba, de paso y de un solo tiro, el avance de las actividades delictivas y criminales. Eran los tiempos de la paz del palo y la tranquilidad de la tranca.

Lo deseable es que un programa de seguridad democrática, como su mismo nombre lo indica, debe garantizar seguridad y derechos al mismo tiempo.

Las iniciativas del programa o políticas públicas de seguridad diseñadas y puestas en vigor, deben comenzar por garantizar todo el abanico de derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, pero, también deben garantizar los derechos humanos de los policías.

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