Cuando hablamos de seguridad democrática nos referimos a las políticas públicas de seguridad de un Estado, que crea sinergia con los demás sectores de la sociedad a fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas.

Cuando se habla de estos derechos se debe resaltar el derecho a participar libremente, el desarrollo humano integral y sostenible, dando un trato digno e igualitario a todos los habitantes de un país sin importar ideologías ni características sociales.

Estos derechos se deben garantizar a través del fortalecimiento de las instituciones, especialmente los órganos de seguridad y defensa, con el consenso y la participación interactiva de los habitantes.

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos la define como situación política y social en la que las personas tienen legal y efectivamente garantizado el goce pleno de sus derechos a defender y a ser protegidos en su vida, su libertad, su integridad y bienestar personal, su honor, su propiedad, su igualdad de oportunidades y su efectiva participación en la organización política, económica y social, así como en su igualdad ante la ley y su independencia ante los poderes del Estado, y a obtener el pleno resguardo de la totalidad de los derechos y garantías emanadas del Estado de Derecho.

En República Dominicana las propuestas elaboradas con relación a reformas del sistema de seguridad pública han sido muchas, principalmente las que aspiran a redefinir el accionar de la Policía Nacional dentro del estado de derecho. Todas han tenido algo en común: enfocar los cuerpos policiales a los lineamientos democráticos y modernos, replantear la misión y visión de los mismos, sometiendo a la reingeniería a fin de que tengan objetivos y estrategias definidas y realizables para garantizar la seguridad ciudadana.

La mayoría de estas propuestas, de una manera u otra han estado acordes a las políticas de seguridad públicas que el Estado dominicano define como parte de su Plan de Seguridad Democrática. Para ser más específicos, no difieren en cuanto a su finalidad y líneas fundamentales.

Los ejes maestros del Plan de Seguridad Democrática en lo que corresponde a la Policía, son: Lo principal a tomar en cuenta en cualquier proyecto que debe ser siempre la objetividad, los propósitos, la viabilidad y los resultados que nos lleven a alcanzar el éxito para evitar que se lleve a cabo de manera personalizada o particular. Esto ha privado a muchos sectores de la sociedad que tienen la disposición de aportar sus granitos de arena, pero que debido al protagonismo que hacen individualmente los actores principales se han abstenido de consensuar sus propuestas y colaboraciones que tanto se necesita para ampliar y adecuar el plan a la realidad dominicana.

En resumen, la seguridad democrática debe ser un proyecto político y social que se aplique correctamente y acorde a los cambios que requiere y exige la sociedad dominicana para acabar con: el narcotráfico, la criminalidad, la inmoralidad y la violencia en todas sus manifestaciones, además la pobreza, el analfabetismo, la injusticia, la corrupción, la contaminación, el atraso, la discriminación, el individualismo, el terrorismo, el autoritarismo, la anomia, entre otros.