Nuestro Estado no agrega resultados a las demandas de la gente ni trabaja a favor de los derechos ciudadanos, la sociedad dominicana desde su nacimiento mismo ha tenido que valerse de alternativas o servicios privados en cuanto a los servicios públicos se refiere. Parecería que el nacionalismo, el patriotismo y el civismo son ajenos a los funcionarios encargados de la administración pública, sean estos electos, designados o contratados. Me refiero específicamente a la irresponsabilidad e incapacidad por parte del Estado para ofrecer y gestionar los servicios públicos.

En nuestro país no recibimos la seguridad social ni cuantitativa ni cualitativamente, el que quiere un servicio de salud debe pagar un seguro médico privado, hasta los hospitales públicos cobran o hay que llevar los más mínimos utensilios médicos para ser atendidos, pues nunca hay de nada, además los enfermos tienen que comprar medicinas carísimas; así mismo sucede en la defensa y protección del medio ambiente, tal ocurre con los servicios de agua potable, energía eléctrica, transporte público y el sistema educativo, la recogida de basura; igualmente acontece con la seguridad ciudadana, siendo alarmante el incremento de la inseguridad, el crimen y la violencia en todas sus manifestaciones.

También se distingue el descontrol del alto costo de los alimentos, la falta de inversión en la producción nacional, la falta de construcción, reparación y señalización de las vías de tránsito, es similar la falta de construcción de alcantarillados y drenajes.

Esta situación se repite con la falta de oportunidad de empleo y del suministro de alimentos asequibles para la canasta familiar establecida.

Sobresale el hecho de que dicha incapacidad e irresponsabilidad se extiende a todos los servicios públicos, salvo algunas excepciones.

La economía dominicana en más de un 60% es informal, o sea que son negocios irregulares el llamado chiripeo que no pagan impuestos y no cumplen ninguna regulación, por lo que podríamos considerar que la mayor parte de la economía es alternativa, es evidente que el Estado no tiene capacidad para organizar el producto interno bruto.

Es importante destacar que el Estado dominicano es el principal empleador, el mayor demandante de servicios, o sea el que hace más contratos para el pago y compra de servicios, tanto a empresas nacionales como internacionales, siendo en su mayoría todas estas negociaciones irregulares y corruptas, rompiendo la libre competencia y los concursos que obligan las leyes en perjuicio de las empresas honestas y serias que casi siempre van a la quiebra o solo pueden sobrevivir con escasos beneficios.

Esta situación deja claro que el Estado dominicano no proporciona seguridad social en ninguno de sus renglones. Enfocados en este planteamiento, somos la viva representación de un Estado colapsado, un Estado espectáculo de publicidad, de una democracia incierta, de un servicio público inexistente.

Podríamos concluir que la mayoría de las carteras e instituciones que conforman la administración pública del Estado dominicano son compañías por acciones asociadas al sector privado las cuales son administradas como una propiedad privada en las que se socializa el costo y se privatiza el beneficio, beneficio éste que queda repartido entre los incumbentes y los asociados privados en su mayoría corruptos.