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El Estado dominicano está viviendo la peor crisis institucional, nuestra sociedad ha revertido el concepto de institucionalidad que debe fundamentarse en favor del colectivo social, contrariando el estado de derecho que debe primar en toda sociedad organizada, sobre poniendo el interés propio o particular del individualismo y los grupos de poder. La justicia opera en favor de particulares y grupos de poder; igual pasa con el congreso, el poder ejecutivo y los poderes fácticos.

Esta situación consecuentemente aumenta la conflictividad social y amenaza a la seguridad pública; no pudiéndose enfrentar y solucionar sin una policía moderna, bien pagada, bien equipada, bien tecnificada, bien profesionalizada y con institucionalidad fuerte; pero todo ello requiere de grandes recursos económicos. El presupuesto de la policía no ha sido suficiente durante numerosos años y en tales circunstancias es difícil avanzar y mucho menos competir con el narcotráfico y el crimen organizado, principales promotores de la corrupción interna policial y en resto de la sociedad.

Para entender mejor la disyuntiva institucional explicamos: Cuando sucede una violación a la ley penal, cualquiera que fuese ésta, corresponde a la Policía Nacional asumir su rol de auxiliar de la justicia en cuanto a la investigación, y de igual manera en su actuación de función preventiva en pos de evitar los crímenes y delitos de la sociedad. O sea que la ciencia de criminalística, de criminología, protección civil, seguridad ciudadana o pública en general y misiones de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son tareas esencialmente de naturaleza policial.

Cuando sucede cualquier hecho criminal o delictivo el mismo podría suceder dentro de una fortaleza militar, y la actuación sobre este hecho siempre corresponderá a la policía nacional, además de auxiliar a la justicia en cualquier requerimiento de la misma, así como prevenir, controlar y perseguir las infracciones de la ley, especialmente salvaguardando los derechos humanos. Esto es así aquí y en Pekín, no es un invento. Es una cuestión de institucionalidad, de ley, de naturaleza, de ciencia y de costumbre.

De igual manera cuando en un cuartel de policía suceda una amenaza a la soberanía nacional ya sea el caso que se esté tramando un golpe de Estado o una complicidad con alguna invasión extranjera y la amenaza al espacio aéreo, marítimo o terrestre corresponderá a las Fuerzas Armadas actuar. A propósito de espacio aéreo, marítimo y terrestre cuando hablamos de fronteras, de puertos y de aeropuertos, debe quedar claro que entran ambos ámbitos, siendo la parte de la defensa una función de custodia en cierta forma pasiva y en cuanto a la parte de la seguridad sobre cualquier violación a las leyes y chequeos le corresponde actuar exclusivamente a la policía.

Independientemente de las tareas y misiones que tradicionalmente han desempeñado las Fuerzas Armadas en cuestiones propias de seguridad pública, su alto presupuesto y abultada plantilla de aproximadamente 50 mil miembros son injustificados y no tienen razón de ser en estos momentos.

Al parecer hay desconocimiento o falta de interés para entender o reconocer el papel preponderante de la policía para garantizar la seguridad ciudadana y salvaguardar el estado de derecho. Dios te bendiga siempre.