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Reflexión sobre la sentencia del TC
En la primera parte de mi reflexión manifestábamos nuestro apoyo al Gobierno dominicano por su respaldo a la sentencia del Tribunal Constitucional número TC-0168-13, del 23 de septiembre de 2013, pero debido a la complejidad y controversias generadas por esta decisión que dispone que los hijos de extranjeros sin residencia legal permanente nacidos en territorio dominicano no son titulares de la nacionalidad dominicana, y al mismo tiempo ordena a la Junta Central Electoral proceder a la regularización mediante auditorías de los registros de actos del estado civil desde 1929 hasta 2007, estableciendo la implementación de libros de registro especiales de nacimientos de extranjeros. Nos sentimos motivados a ampliar las argumentaciones y hacer algunas recomendaciones que creo relevantes en cuanto al tema.

Dicha sentencia busca sentar un precedente al retrotraer la ley, poniendo en entredicho el principio de no retroactividad de la ley que dicta el artículo 110 de nuestra Constitución, en relación al acuerdo fronterizo domínico-haitiano de 1929 iniciado por Horacio Vásquez y ratificado entre los presidentes Stenio Vincent de Haití y Rafael Trujillo, dominicano, en 1936, violación de dicho tratado que dio lugar a la matanza del 1937.

Una visión importante a destacar es que cuando todos los extranjeros, especialmente los descendientes haitianos e incluso los dominicanos estén auditados, documentados o legalizados sus estatus o nacionalidades, tendrán las facultades de empoderarse y reclamar derechos, así también evitar ser explotados, maltratados e impedir toda clase de discriminación; por ende, mayor posibilidad de defensa en cualquier circunstancia. En fin, se le hará más difícil aprovecharse a los abusadores y violadores de derechos de esa debilidad de estar indocumentados o ilegales y que los hace vulnerables.

¿Qué nos hace entes de derecho? Es toda persona que tiene un documento de identidad: un acta de nacimiento, un pasaporte, una cédula, un contrato de trabajo (…). A millones les hace falta, y hay que resolverlo. Cada habitante establecido en República Dominicana necesita una identidad, una nacionalidad, un documento que lo certifique como ciudadano de aquí o de allá. Tenemos millones de ilegales en la República Dominicana sin regularizar, y eso es una amenaza a la soberanía, al Estado de Derecho como citamos en la primera entrega de reflexión, a nuestra condición de sociedad organizada o al orden social mismo.

Una sentencia contraria al espíritu del artículo 18 de nuestra actual Constitución política crearía el precedente para la unificación de derecho de las dos naciones que conformamos la isla: Haití y República Dominicana, y que de ninguna manera debemos aceptar.

Recomendamos a nuestras autoridades, especialmente al presidente Danilo Medina, como responsable de la política exterior de la república, aprovechar la gran capacidad y recursos de comunicación del Estado, para convocar a todos nuestros diplomáticos, prepararlos para defender dicha sentencia No. TC-0168-13, y del mismo modo hacer una campaña estratégica a nivel mundial en voz de nuestros mejores expertos constitucionalistas para concienciar a la comunidad nacional e internacional, y de esta forma desenmascarar a los oportunistas detrás de las controversias y manipulaciones con dicha sentencia.

POR: Juan Tomás Taveras
MAyor General (R) P.N.
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